La nueva normalidad llegará a España cuando finalice el próximo 21 de junio el estado de alarma. En estos momentos, la prioridad de las autoridades es evitar la expansión del coronavirus, y para ello, se están sucediendo los esfuerzos para identificar y aislar a las personas que se hayan contagiado o que crean haberlo hecho. Un caso sospechoso es aquel que tiene síntomas como la fiebre alta, la tos seca y el cansancio generalizado, presentes en muchos positivos por coronavirus. Con el paso de las semanas se van conociendo más indicadores de la enfermedad. Entre ellos se encuentran la pérdida del gusto o el olfato, las erupciones cutáneas o el cambio de color de los dedos de las manos o de los pies.

La identificación positiva de los casos puede acelerar el rastreo de los contactos como una forma de evitar que se extiendan las infecciones por COVID-19. Por ello, el real decreto de nueva normalidad aprobado el miércoles por el Gobierno garantiza que los sospechosos pasarán la prueba del coronavirus tan pronto como sea posible desde que aparezcan los primeros síntomas. La prueba más habitual es la PCR, que ofrece una fiabilidad del 90% y que detecta el virus cuando se encuentra en las primeras fases.

La PCR, siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa, lleva décadas utilizándose para la detección de enfermedades infecciosas. Mediante una muestra de la nariz de la persona sospechosa, se puede detectar un fragmento del material genético de un virus. Si se encuentra este material genético, el resultado es positivo y el paciente tiene coronavirus. Las personas que tengan síntomas pueden pedir que se les haga la prueba en todos los niveles de asistencia, y también podrán solicitarla los familiares o convivientes de un paciente que haya dado positivo en la prueba.

El coronavirus, enfermedad de declaración obligatoria urgente

El Gobierno quiere evitar por todos los medios que se produzca un rebrote importante del virus. Por ello, en el real decreto aprobado este miércoles, declaró al coronavirus enfermedad de declaración obligatoria urgente. Esto obliga a que las comunidades autónomas informen a la autoridad de salud pública competente de una eventual situación de emergencia. Se ha pedido también a las comunidades que pongan en marcha planes de contingencia, que incluyen la disponibilidad de las camas necesarias en un plazo de cinco días para responder a eventuales rebrotes.

Asimismo, el real decreto también garantiza que exista un volumen suficiente de los medicamentos esenciales para luchar contra la enfermedad, y otorga a la Agencia Española de Medicamentos y Productos, principal autoridad del sector, licencias excepcionales para que fabriquen mascarillas, batas y equipos de protección y evitar que se produzca un desabastecimiento de estos productos.