La crisis del coronavirus impuso a la fuerza el teletrabajo en España. De casi cero a 100 en un abrir y cerrar de ojos en el momento que el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. A pesar del impacto inicial, gran parte de los trabajadores se han adaptado sin problemas y las empresas han vislumbrado una manera sencilla de abaratar una serie de costes con esta modalidad laboral que el Ministerio de Trabajo va a regular en un futuro próximo.

Ante este horizonte legislativo, UGT ha elaborado una series de propuestas para Trabajo. En primer lugar exige que las compañías asuman los costes de las herramientas de trabajo, con especial atención a los medios informáticos (ordenadores y conexión a Internet, principalmente). Muchos empleados han tenido que asumir ellos mismo esos costes durante la crisis.

El sindicato también pone el acento en los gastos asociados al mantenimiento: parte de la luz e incluso del alquiler deberían ser sufragados de manera mensual por la empresa. Mesas, sillas… a través de una cantidad única y tasada. "La ley debe ser explícita en este sentido sin perjuicio del desarrollo por la negociación colectiva", indica el documento que publica eldiario.es

Jornada laboral

UGT fija en cuatro los días que se debería teletrabajar. Una postura que se enmarca dentro de las políticas sindicalistas de reducir la jornada laboral a ese lapso en todos los sectores económicos del país. En Europa, el camino marcado es el mismo.

El sindicato prosigue con otras tres propuestas: el derecho a la desconexión digital, el registro de jornada y la elaboración y la aplicación de un plan de teletrabajo, previa negociación y acuerdo con los representantes de los trabajadores. Este último punto tiene como objetivo evitar que esta modalidad se imponga de manera unilateral por parte de la empresa, con las mujeres como punto más débil de la cadena: “No vaya a ser que se piense que el teletrabajo es el idóneo para la mujer, para que vuelva al hogar, se ocupe de los niños y de los mayores dependientes”, asegura Gonzalo Pino, secretario de política sindical de UGT, que subraya la necesidad de introducir la perspectiva de género en la futura ley.