El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y los titulares de Sanidad e Interior, Roberto Speranza y Luciana Lamorgese, tendrán que declarar ante el fiscal de Bérgamo en el contexto de una investigación sobre la gestión del coronavirus en el país transalpino, uno de los más castigados por la pandemia.

Ante el fiscal de Bérgamo ya han pasado el gobernador de Lombardía, uno de los principales focos en Italia, Attilio Fontana y su asesor Giulio Gallera. La investigación trata de averiguar la cadena de decisiones que llevaron a no declarar zona roja a la región del norte de Italia. Además de los citados, también está previsto que presten declaración el director del Instituto Superior de Sanidad, Silvio Brusaferro y Walter Ricciardi, asesor del Gobierno.

Por otro lado, familiares de víctimas de COVID-19, organizadas en la asociación asociación Noi Denunceremo (Nosotros denunciaremos) han presentado este miércoles denuncias particulares ante la Fiscalía de Bérgamo. “Estoy convencido de que si se hubiera cerrado rápidamente la zona roja de la provincia de Bérgamo quizá no habríamos tenido que cerrar toda Lombardía y probablemente habríamos evitado el confinamiento italiano. Nosotros no señalamos con el dedo a nadie, será la Fiscalía la que tendrá que depurar responsabilidades", ha señalado Luca Fusco, presidente y fundador de la asociación. Las denuncias no están dirigidas contra ninguna persona o institución en concreto si bien los familiares están convencidos de que muchas personas murieron por la negligencia e incompetencia de las autoridades, asunto que deberá resolver ahora los tribunales.