La desescalada que han comenzado a vivir gran parte de los países europeos conlleva retomar también los viajes dentro de las propias fronteras y más a largo plazo entre las diferentes regiones. Las compañías aéreas preparan el regreso al tránsito de viajeros habitual, tras un mes de abril casi interrumpido por completo, aunque tendrán restricciones, tanto en las medidas de seguridad para cada pasajero como en su capacidad, todavía en estudio. 

Desde ciertos gobiernos se ha propuesto una reducción en la cantidad de viajeros de los aviones a la mitad para mantener un asiento de seguridad entre persona y persona. Algo a lo que las compañías se niegan en rotundo, esgrimiendo que el avión cuenta con la capacidad de garantizar su seguridad a partir de medidas como filtros de aire similares a los de los hospitales y espacios esterilizados, con un riesgo muy bajo de la transmisión del virus a bordo y que dicho descenso de capacidad supondría la quiebra de la mayor parte de las compañías o la obligatoriedad de subir el precio de los billetes para igualar las cifras de ingresos anteriores a la pandemia.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) ha calculado que la industria requiere en estos momentos una ocupación del 77% para ser rentable. Por lo que un descenso drástico en la capacidad de albergar pasajeros conllevaría unas pérdidas económicas notables. Los precios de los billetes aéreos tendrían que subir entre un 43% y un 54%, dependiendo de la región, para mantener una rentabilidad sostenible.

Según repasa el diario El País, diversas compañías como Iberia, American Airlines o Air France han comenzado a poner en práctica un sistema de seguridad con el uso obligatorio de mascarilla para los viajeros, la eliminación de la mayor parte de los servicios a bordo y la demora para cualquier trámite por la aplicación de medidas extra de higiene y distanciamiento social. Antes de embarcar, también se implantarán controles de temperatura (denegando el viaje si superas los límites establecidos) o incluso se baraja la introducción del pasaporte sanitario de inmunidad para certificar que los pasajeros son inmunes a la enfermedad. Por el momento ninguna ley obliga a las compañías a reducir su capacidad.