La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluyó que "la policía disparó deliberadamente a matar" al empresario español, surfista y ex del Dépoer Diego Bello, que murió a tiros el pasado 7 de enero en la isla de Siargao, al sur del archipiélago filipino.

La investigación, llevada a cabo entre enero y julio, pone en duda el argumento esgrimido por el jefe del operativo, Vicente Panuelos, sobre la "legítima defensa", ya que la policía asegura que Bello era un narcotraficante de alto valor que disparó primero a los agentes cuando se dio cuenta de que les había vendido droga en una operación encubierta.

El informe pone en duda la validez del argumento de la legítima defensa por el número de disparos efectuados por la Policía y por la trayectoria de las balas, explica una nota de prensa remitida a Efe por la plataforma #xustizaparadiego, impulsada en España por familiares y amigos del joven empresario.

"Existen imágenes de Bello saliendo del restaurante que regentaba minutos antes de su muerte que prueban que no portaba ninguna bolsa, tal como afirma la policía que llevaba en su poder en el momento de su muerte", indica el comunicado.

Para el informe, al que ha tenido acceso EFE, la comisión entrevistó a los socios, pareja, empleados y vecinos de Diego Bello y todos ellos -excepto Panuelos- negaron relación alguna del joven con el tráfico de drogas o la posesión de armas.

De hecho, Bello nunca figuró en la lista de personas relacionadas con el narcotráfico elaborada por el ayuntamiento de la localidad en la que vivía, a pesar de que la policía lo calificó como el narcotraficante más buscado de Siargao, según indica el informe de la Comisión Filipina de Derechos Humanos

"La ausencia de una causa judicial abierta contra Diego Bello por sus supuestas actividades ilegales impide conocer hasta qué punto la versión de la policía filipina puede ser creíble, por lo que la actuación policial podría considerarse como una ejecución extrajudicial", indica el informe.

Según la comisión y otras organizaciones de derechos humanos, la policía filipina a menudo falsifica pruebas para justificar ejecuciones extrajudiciales en la sangrienta guerra contra las drogas que comenzó hace tres años bajo el mandato de presidente Rodrigo Duterte.

Naciones Unidas, Human Rights Watch o Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, han criticado el clima de impunidad de la campaña antidroga en la que han muerto unas 30.000 personas, pero la policía solo ha admitido haber matado en redadas a unos 6.700 sospechosos, aunque alegan que todos ellos se resistieron al arresto.

Más movilizaciones y presión política

Tras obtener esta resolución, xustizaparadiego reclama desde A Coruña que se depuren responsabilidades por lo que consideran un "asesinato" y ha exigido de nuevo la actuación del Ejecutivo central.

Para los amigos y familiares del coruñés, se trata de una "violación de los derechos humanos" de un ciudadano español por la policía de Filipinas, país con el que España mantiene relaciones diplomáticas.

Esta misma plataforma ha anunciado más movilizaciones para condenar el asesinato de Diego Bello. "La falta de respuesta española podría generar inseguridad a los residentes españoles en el país asiático y cierta sensación de impunidad en las fuerzas del orden filipinas con respecto a los españoles residentes en el archipiélago", aseguran.

Por otra parte, el BNG de A Coruña ha pedido que se "intensifiquen las presiones políticas" para que no quede "impune" esta "ejecución extrajudicial". Por ello, los nacionalistas registrarán iniciativas en el Congreso de los Diputados y en el Ayuntamiento de A Coruña para que "se haga justicia" y "se juzgue a los asesinos" de Diego Bello.

Además de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, están pendientes otras investigaciones: las de la Oficina Nacional de Investigación, la del Departamento de Justicia y la del Ministerio español de Asuntos de Exteriores.