El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) contra el auto aclaratorio de la Audiencia Provincial de Madrid de junio de 2017, en el que se rechazaba la utilización de las bolsas de sangre de la Operación Puerto. Un revés para el organismo, que aun así cuenta con el respaldo de los tribunales españoles tras una providencia de la Sala de lo Penal Número 21 de Madrid, donde se condujo la causa. En ese dictamen se ofreció al Comité Olímpico Italiano (CONI) la parte alícuota de las 211 sacas incautadas a Eufemiano Fuentes. Una propuesta que el CONI ha declinado, pero que legitima la posesión de las muestras por parte de la AMA y de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La Federación Española de Ciclismo (RFEC) rechazó su derecho a recogerlas.

La AMA realizó los análisis correspondientes en Lausana para señalar a los clientes de Fuentes, aunque no ha publicado los nombres (se extrajo el ADN de 24 hombres y tres mujeres, según pudo saber As, aunque se habría identificado con seguridad a menos de diez) porque el caso prescribió y temía una lluvia de demandas de los involucrados. La máxima institución antidopaje contrató a un experto en protección de datos para estudiar si la revelación de los implicados atentaría a su honor e intimidad, ya que no se podrán imponer sanciones. La AMA culpa a España de que las infracciones caducaran por 22 días, cuando la sentencia definitiva se esperaba para enero de 2016 y se superó el marco de los diez años.

Ahora, el equipo de abogados de la AMA y el perito en datos deben diseccionar las resoluciones y los cruces de ADN disponibles para tomar una decisión sobre la Operación Puerto en mayo de 2019, 13 años después de su explosión. El problema: que cada vez parece más próximo el cierre en falso de un escándalo que mancha la credibilidad de España y el antidopaje desde 2006.