La fiscal Rosa Calvo fue más allá del delito contra la salud pública que se está juzgando en la Operación Puerto. Inició su informe final con una llamada sobre “el interés mediático, que es reflejo de la importancia del deporte en la sociedad”. Y lo terminó, dos horas y media después, con la petición de “una condena para limpiar la imagen del deporte español, siempre cuestionada”.
Eso no significa que la fiscal haya olvidado el motivo del juicio: “Hay hechos éticamente reprochables, sí, pero también hechos punibles. Ha quedado probado que existía un entramado para aumentar fraudulentamente el rendimiento, que suponía un riesgo para la salud”.
Calvo añadió que en el tratamiento de la sangre por parte de los acusados había “un desprecio a las garantías higiénico-sanitarias”, lo que provocaba unos riesgos que aumentaban “con el peligroso cóctel” que suponía “el ingente consumo de medicamentos”.
La fiscal habló del material requisado en los registros: “En el ámbito de la sanidad pública hay tres máquinas ACP 215, y solo en un piso encontramos dos, lo que demuestra que no es una necesidad”. Incidió en “el caos identificativo de las bolsas”. Se refirió a los planes de los deportistas, “donde se ve frecuentemente la E y la R, extracción y reinfusión, que coinciden con las fechas de las carreras”. Y destacó “la coherencia” del testimonio de Jorg Jaksche frente a “las reticencias” de los ciclistas del Liberty: “Nozal no supo concretar ni su positivo”.
La fiscal solicita dos años de cárcel para cuatro acusados (excluye a Belda), “incluso poco proporcionado a los graves riesgos a los que se ha sometido a los ciclistas”. Para Eufemiano Fuentes: “El verdadero ideólogo y alma de este entramado”. Para Yolanda Fuentes: “Su sucesora en el Kelme y partícipe en los hechos”. Para Ignacio Labarta: “Autor en paridad con los dos anteriores”. Y para Manolo Saiz: “Que estaba al corriente de los hechos, y los permitía”.
Durante la sesión del viernes también informó la abogada del Estado, que pide dos años y medio por el agravante de precio para los cinco acusados. Al igual que la fiscal, Lucía Pedreño considera que los hechos deben juzgarse como “un delito de peligro, que no necesita acreditar daños, sino demostrar que puede haberlos”.
Pedreño centró su informe en desmontar lo que llamó como “las mentiras” de Eufemiano, que desglosó en doce: “La primera, que no trató a Nozal y a Manzano. La segunda, que los arcones tenían un termostato para la temperatura. La tercera, que las extracciones se realizaban solo cuando el hematocrito estaba elevado. La cuarta, que antes siempre les hacía analíticas. La quinta, que no sabía que el glicerol era de uso hospitalario. La sexta, que no se hacían transfusiones en carrera. La séptima, que hablaba en jerga por temor a tener el móvil intervenido por la prensa. La octava, que Merino y él conocían la identidad de todos los deportistas. La novena, que se guardaba la sangre para eventuales accidentes. La décima, que informaba sobre los riesgos. La undécima, que la Guardia Civil dañó la sangre. Y la última, que nunca puso en riesgo la salud de los deportistas y que velaba por su salud”.
Además, la abogacía del Estado se unió a la petición de las muestras de sangre (dijo "muestras", y no bolsas) para abrir expedientes: “No se entiende que el juez instructor las negara aquí y luego las diera en comisiones rogatorias”. La fiscal también dio el visto bueno, por lo que se unen a la AMA, la Federación, el CONI y la UCI.
