La Fiscalía y las acusaciones mantienen las penas de cárcel

La Fiscalía, la abogacía del Estado y las acusaciones particulares pidieron ayer penas de cárcel que oscilan entre dos años y medio y un año por un delito contra la salud pública para los cinco acusados de la Operación Puerto: Eufemiano Fuentes, Ignacio Labarta, Yolanda Fuentes, Manolo Saiz y Vicente Belda. Fue el colofón a una sesión del juicio muy bronca, en la que se sucedieron las impugnaciones, las denuncias, los recesos, las protestas...

Las peticiones variaron poco respecto al inicio del proceso. La Fiscalía solicitó dos de prisión (excepto para Belda, al que no acusó), una multa de 18 meses con una cuota diaria de 30 euros (16.200 euros) y una inhabilitación profesional de dos años. La abogacía del Estado, que sí incluye a Belda, pide casi lo mismo, aunque en su caso dos años y medio por agravante de precio (por cobrar por las prácticas). En España, la primera condena de cárcel queda en suspenso si no supera los dos años.

Las cinco acusaciones particulares (Federación, AMA, UCI, CONI y Jesús Manzano) piden las mismas penas que la Fiscalía, con algunas diferencias. La Federación redujo a un año a Saiz, Belda y Yolanda. La AMA subió la inhabilitación a ocho años y tres meses, en medicina para los Fuentes y en el ciclismo para los otros tres. Y Manzano retiró su acusación a Saiz y solicitó una indemnización por daños de 180.000 euros.

Además, la AMA recordó la solicitud de las bolsas de sangre para abrir expedientes, a través de su organismo o “de otras autoridades competentes nacionales”. A esta solicitud se unieron la Federación, el CONI y el Estado.

Las defensas no expusieron sus conclusiones, porque pidieron un aplazamiento al viernes por cambios de tipificación en las penas. A partir de ahí se estableció un nuevo calendario en el que el juicio no acabará el 22 de marzo, sino el 2 de abril.

Antes, la actividad en la sala había sido trepidante. Para empezar, Tomás Valdivielso, abogado de Eufemiano, logró la anulación de las escuchas del 1 de junio de 2006. El auto de cancelación tenía fecha del 31 de mayo, pero se había manuscrito encima el 2 de junio. “El auto se ha manipulado”, dijo el letrado, que recibió críticas de la Fiscalía y las acusaciones por usar ese término, aunque sí admitieron “la chapuza”. La juez accedió a anularlo y definió como “un lapsus de la defensa” que no se hubiera hecho antes.

Otra bronca del día vino por la denuncia de Valdivielso del informe pericial de Carmen Ferrer, médico del Instituto Nacional de Toxicología, quien en su escrito habría hecho corta y pega de informaciones periodísticas de 2006 y de un artículo firmado en El País por José María Odriozola en 1985. La juez lo desestimó por considerar que no se aportaban “hechos nuevos”. Ese informe sobre los daños de las transfusiones es importante en la causa, porque sirvió para reabrirla tras su segundo sobreseimiento.

El tercer punto caliente vino por el acta de entrada y registro en el domicilio de Labarta, cuyo original se había traspapelado y no se incorporó al sumario hasta ahora. La juez lo retiró de la causa “a efectos prácticos, sin que eso suponga pronunciamiento de nulidad”.