Este es el cambio que llega a las comunidades de vecinos a partir del 3 de abril en España
Para establecer un piso turístico, el dueño del inmueble deberá contar con el apoyo en junta de, al menos, las tres quintas partes del total de propietarios.

El Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (Canfincas) se ha mostrado conforme con la Ley Orgánica 1/2025 del 2 de enero, por la cual se estipula que todo propietario que desee utilizar un inmueble con fines turísticos deberá contar con la aprobación de la comunidad de vecinos.
Con fecha para el 3 de abril de 2025, esta nueva legislación plantea una importante modificación de la ley de Propiedad Horizontal (LPH) en virtud de los propietarios que se muestren reacios a convivir con los turistas que deseen visitar el sur de España.
Este cambio se ha impulsado tras dos sentencias del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo el pasado octubre, que permitía el cese inmediato de cualquier actividad turística en un inmueble si la comunidad de vecinos, con una mayoría de tres quintos, decide acordarlo en junta.
Gracias a esta nueva ley, ningún propietario podrá establecer un piso turístico en su inmueble hasta contar con la aprobación expresa de la comunidad de propietarios, con un apoyo de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.
Así mismo, el presidente de la comunidad, ya sea por iniciativa propia o por la intervención de algún vecino, puede exigir al propietario del piso que cese su actividad, aplicando las medidas jurídicas pertinentes en caso de negativa.
Una zona cada vez más tensionada
Andalucía es una de las comunidades autónomas que más turistas reciben cada año en España. Según Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en 2024 el número de turistas en esta zona alcanzó los 36,2 millones de personas, un auge del 5,5% en cifras interanuales.
Esta situación, si bien aporta importantes beneficios a los servicios de la zona, parece haberse traducido en una mayor tensión inmobiliaria para la población local, lo que ha llevado a la administración autonómica ha tomar cartas en el asunto y establecer un acuerdo que permita una mejor convivencia.
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