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ACTUALIDAD

Ordenan el arresto de Putin

La Corte Penal Internacional ha ordenado la detención del presidente ruso por “crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania”.

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin chairs a meeting on the social and economic development of Crimea and Sevastopol, via videolink in Moscow, Russia March 17, 2023 Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
SPUTNIKvia REUTERS

La Corte Penal Internacional (CPI), tribunal de justicia internacional cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad con sede en La Haya (Paíes Bajos), ha emitido una orden de arresto contra el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, por “crímenes cometidos durante la guerra de Ucrania”.

Una orden que también se amplía para la política rusa Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada Presidencial para los Derechos del Niño en Rusia. Así comienza el texto. “El Sr. Vladimir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, Presidente de la Federación Rusa, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y de su traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en virtud de los artículos 8(2)(a)(vii) y 8(2)(b)(viii) del Estatuto de Roma. Los crímenes se habrían cometido en territorio ocupado por Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022″.

Además, el escrito recoge los argumentos por los que la CPI considera que se debe emitir la orden de arresto a título individual contra el mandatario ruso. “Por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros (artículo 25.3. A del Estatuto de Roma), y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, en virtud de la responsabilidad superior (artículo 28 B del Estatuto de Roma)”.

Por otra parte, a Lvova-Belova se le acusa del “crimen de guerra de deportación ilegal de población y del de traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia”, en virtud de los artículos 8.2 A y 8.2 B del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998, codifica los crímenes de guerra de manera orgánica y detallada. En cuanto su artículo 8, contiene la lista de actos más amplia y precisa hasta ahora incluida en un instrumento multilateral vinculante.

Desde Ucrania dieron por buena la orden judicial emitida por el tribunal con sede en La Haya. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, se expresó en estos términos. “La Justicia está en marcha. Aplaudo la decisión de la CPI de emitir órdenes de arresto para Vladimir Putin y para María Lvova-Belova por el traslado forzoso de niños ucranianos”. Moscú ha respondido ya a la orden de la Corte Penal Internacional.

“Rusia no cooperará con este organismo”

Desde el Kremlin han asegurado que se negaran a acatar la orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la defensora del menor, María Lvova-Belova, por el traslado forzoso de niños ucranianos de los territorios ocupados hacia Rusia. Así lo manifestó la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

Rusia no cooperará con este organismo y las posibles órdenes de arresto son legalmente nulas para nosotros. apuntó al respecto. De este modo, en el Kremlin han defendido que Rusia no forma parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, no tiene obligaciones de cumplir las órdenes emitidas por este tribunal. Fue el propio Putin quien retiró a Rusia de la carta fundacional de la CPI hace ocho años.

La matanza de Bucha, inicio de la investigación

De este modo, es la primera vez que un tribunal de última instancia como la CPI emite una orden de arresto contra el presidente ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania el 22 de febrero de 2022, después de que en varias ocasiones tanto desde Kiev como desde Occidente, reclamasen investigar los presuntos crímenes de guerra que Rusia habría cometido en territorio ucraniano. Uno de los presuntos crímenes que provocó el inicio de la investigación fue el que tuvo lugar en Bucha (Ucrania).

Mediante un documental, el ‘NY Times’ reveló que los autores de la masacre que tuvo lugar en la localidad ucraniana de Bucha fueron los paracaidistas rusos pertenecientes al Regimiento de Asalto Aéreo 234º, liderados por el teniente coronel Artyom Gorodilov y cuya sede se encuentra en Pskov (Rusia). Según la versión ofrecida por el diario, los asesinatos de los civiles de este municipio ucraniano “formaban parte de un esfuerzo deliberado y sistemático para asegurar sin piedad una ruta hacia Kiev”.

Desde Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido consideraron al inicio de la invasión que la ofensiva rusa “cruzó la línea de los crímenes de guerra”, mientras que Joe Biden se apresuró a llamar a Putin “dictador asesino”. Las autoridades gubernamentales del Reino Unido confirmaron el año pasado la existencia de “pruebas muy sólidas” de que Rusia ha cometido crímenes de guerra en suelo ucraniano y que su líder, Vladimir Putin, estaría detrás de ellos. “En última instancia, es un asunto de la Corte Penal Internacional decidir quién es o no un criminal de guerra, y que nosotros presentemos las pruebas”.

¿Desde cuando lleva Vladimir Putin en el poder?

El actual presidente ruso accedió al Kremlin tras la renuncia de su antecesor, Boris Yeltsin, en 1998 y tras su breve paso por el Servicio Federal de Seguridad (FSB). Durante su primer mandato, entre 2000 y 2008, convirtió a Rusia en una nueva potencia mundial después de la disolución de la URSS y desempeña un papel clave en las relaciones internacionales y tensiones con el resto de potencias.

Regresó en el año 2012 tras cuatro años de mandato de Dimitri Medvédev, actual vicepresidente del Consejo de seguridad de Rusia. En abril de 2021 una ley que le permitirá seguir en el mandato durante dos períodos más de seis años cada uno, es decir, podría continuar hasta 2036. Sin embargo, la orden emitida por la CPI podría suponer un punto de inflexión para el futuro político de Rusia.