Ediciones
Resultados
Síguenos en
Hola

ECONOMÍA

¿Excepción ibérica en 2024? Así subirá el precio de la luz y el gas a partir del 1 de enero de 2024

El mecanismo lleva sin ponerse en marcha desde febrero, dado el fuerte descenso del precio del gas en el mercado mayorista. El Gobierno aún no se ha pronunciado sobre su prórroga.

Consumo luz
Eduardo Parra / Europa PressEuropa Press

Marzo de 2022. España consiguió, junto con Portugal, sacar adelante la denominada “excepción ibérica”. Es decir, una clasificación que permitía reconocer la singularidad de ambos países en temas energéticos, así como tomar medidas de forma independiente a la UE frente al precio de la electricidad y del gas, desbocado tras la invasión de Rusia en Ucrania.

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegó en aquella reunión de la Comisión Europea que la Península tiene una “interconexión mínima en relación al mercado energético” del resto del continente, por debajo del 3%. Tanto el jefe del Ejecutivo, como su homólogo en Lisboa, Antonio Costa, obtuvieron el visto bueno de la UE para adoptar las medidas oportunas en sus respectivos territorios, con la condición de que Bruselas tendría la última palabra para dar su visto bueno.

Con la puesta en marcha de este mecanismo, España pretendía obtener una rebaja en el precio de la factura de la luz entre un 15 y un 20%, así como establecer un tope de 40 euros por megavatio hora en el gas empleado para generar electricidad. Como consecuencia de su puesta en marcha, los precios bajarón de 214 euros, a 165 euros. Desde entonces, las facturas de luz y gas de los hogares han mantenido a lo largo de este 2023 rebajas fiscales para hacer frente a la crisis energética.

Sin embargo, el Gobierno aún no se ha pronunciado sobre lo que pasará con la excepción ibérica, cuya prórroga termina el próximo 31 de diciembre. El mecanismo lleva sin entrar en funcionamiento desde febrero, por la fuerte bajada del precio del gas en el mercado mayorista. Es decir, el precio de gas natural, que marca el precio de toda la electricidad en el mercado, se ha mantenido por debajo del mínimo establecido para la puesta en marcha del mecanismo, fijado en 65 euros el megavatio hora.

Aumento en la factura del 20% y una media de 30 euros

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) avisó sobre la importancia que tendría una nueva prórroga de las medidas establecidas en 2023. Un rechazo a una prórroga y, por consiguiente, a la continuidad de estas, provocaría un “fuerte impacto” en la factura, especialmente en la de los beneficiarios del Bono Social Térmico, según mencionaron en su web.

Solo por efecto del IVA y el Impuesto de electricidad repuntará con un incremento del 20%, y sería mayor aún si las empresas de generación eléctrica trasladan el impuesto a la generación del 7%. Para los hogares con el bono social su tarifa seguirá siendo casi siempre o siempre la mejor opción, pero eso no evitará un fortísimo incremento en su factura”, escribieron.

Como ejemplo, pusieron el caso de un hogar con 3500 kWh de consumo anual con dos adultos y dos menos en la vivienda. “Pasaría de pagar una factura mensual de 35,8 euros al mes, a 65,08 euros al mes”. Un incremento medio de 30 euros.

Medidas aún vigentes

Por el momento, continúan vigentes la reducción del IVA al 5%, antes del 21%, para instalaciones eléctricas menores a 10kW; el impuesto a la electricidad, del 0,5%, cuando anteriormente era del 5,1%. Y por último, la supresión del impuesto a la generación de electricidad, que suponía un gravamen del ingreso por la venta de la energía eléctrica generada. Su eliminación, según AEQ, representaba la reducción de un 7% el coste de generación y por consiguiente un posible aumento de su rentabilidad.

A estas últimas medidas, se suman otras como la prohibición del corte de suministro de agua, luz, gas a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico, o el aumento del descuento para esta ayuda impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica, que pasó a ser del 65% para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos. Todos ellos deben tener contratado el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual, y cumplir con requisitos personales, familiares y de renta.