Más problemas para Alves: la Fiscalía investiga ahora a su madre
Lucía Alves está ahora en el punto de mira de la justicia tras difundir en redes sociales la imagen de la víctima de agresión sexual del futbolista.
El año no ha empezado muy bien para el clan Alves. Después de que la Audiencia de Barcelona condenase a Dani Alves a cuatro años y medio de prisión, además de otros cinco de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses, y una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que este cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, ahora la Fiscalía investiga a su madre.
El Ministerio Fiscal ha puesto el foco en Lucía Alves después de que el 30 de diciembre del año pasado, coincidiendo con el aniversario de los hechos por los que el futbolista había sido denunciado, esta difundiese en redes sociales un vídeo con una recopilación de imágenes de la víctima en el que revelaba la identidad de esta.
Aunque la madre del jugador borró las publicaciones justo antes de que diese comienzo el juicio contra el exfutbolista del Barcelona, ahora se enfrenta un procedimiento penal por delito de revelación de secretos, contra la integridad moral y de obstrucción a la justicia.
Caso omiso a la ley
Como parte de su estrategia para ayudar a su hijo, Lucía Alves publicó en su cuenta de Instagram un vídeo editado con música y comentarios donde se podía ver a la joven disfrutando y en celebraciones con sus amistades y familia. Unas imágenes que se habrían extraído de las redes sociales de la mujer, y que podrían datar incluso de cuando esta era menor de edad.
Mediante su publicación, Lucía Alves trataba de poner en tela de juicio los daños psicológicos que la mujer denunciaba tener tras acusar al futbolista de violación. Una táctica de presión que también se vio en otros procesos tan mediáticos como el de ‘La Manada’.
Con esta acción, la progenitora de Alves se saltaba la orden dada por la jueza de instrucción del caso, quien prohibió la difusión de cualquier dato que pudiese sacar a la luz la identidad de la joven, una directriz contemplada también en el Estatuto de la Víctima.