La Unión Europea frena la venta de Cantora
‘El programa de Ana Rosa’ ha desvelado que la UE se ha interpuesto en los planes de Isabel Pantoja para vender su finca. Este espacio se encuentra dentro del plan Red Natura 2000.
Hace unas fechas, salió a la luz que Isabel Pantoja tenía claras intenciones de poner a la venta una de las fincas más mediáticas de nuestro país como es Cantora, situada en Cádiz. Sin embargo, los planes de la tonadillera han sufrido un giro radical debido a la imposición de la Unión Europea (UE) para frenar este movimiento, según ha adelantado en exclusiva El programa de Ana Rosa.
Esta fuente señala que “la compra se ha paralizado por completo” debido a que este espacio está construido en el interior de un área protegida por la Unión Europea que se encuentra dentro del plan Red Natura 2000. “Por el Real Decreto del 1 del 2015 del 13 de enero, Cantora se encuentra en una zona de especial conservación de la red ecológica europea Natura 2000″, explica Antonio Rossi.
De hecho, Isabel Pantoja recibió una oferta de un grupo inversor valorada en diez millones de euros, cuya intención principal era construir un parque eólico y fotovoltaico en dicha propiedad. Finalmente, la propuesta ha sido retirada debido a que en esta zona está totalmente prohibido el levantamiento de este tipo de infraestructuras en espacios reservados.
El plan de Isabel Pantoja tras este revés
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Isabel Pantoja ha quedado bastante tocada debido a que la venta de Cantora supondría un gran alivio económico para la artista, ya que podría subsanar sus deudas con Hacienda. Por ello, su equipo de abogados se ha puesto manos a la obra para recurrir la decisión de la Unión Europea, aunque será una tarea complicada. “Ella pretende recurrir a la UE, que es un proceso largo, tedioso y muy poco productivo. De hecho, le han dicho que no va a conseguir que lo descataloguen a Cantora”.
También, se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura y Pesca para poner en constancia el desconocimiento de esta normativa. “Ella dice que nadie se lo comentó o informó, ella no podía alegar al salir publicada la catalogación en el BOE y cree que ahí se vulneraron sus derechos”.
