La madre de Alves podría enfrentarse a prisión por difundir un vídeo de la presunta víctima
Lucía Alves subió a sus redes sociales el pasado 30 de diciembre un vídeo en el que se desvelaba la identidad de la denunciante.
Lucía Alves podría haberse metido en un lío con la justicia, al igual que su hijo Dani, quien se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Brians 2 desde el 20 de enero después de que una mujer le acusase en una denuncia ante los Mossos d’Esquadra de haberla agredido sexualmente en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022, cuando ella tenía 23 años.
Pues bien, justo cuando se cumplía un año de los hechos denunciados por la joven, su madre, desde Brasil, emprendía una campaña por la inocencia de este, quien se encuentra ya a la espera de que comience el juicio del caso que lo sentará en el banquillo de la Audiencia de Barcelona el próximo 5 de febrero.
Como parte de su estrategia para ayudar a su hijo, Lucía Alves publicó en su cuenta de Instagram un vídeo editado con música y comentarios donde se puede ver a la joven disfrutando y en celebraciones con sus amistades y familia. Unas imágenes que se habrían extraído de las redes sociales de la mujer, que continúan abiertas, y que podrían datar incluso de cuando esta era menor de edad. Y con las que se quiere poner en tela de juicio los daños psicológicos que la mujer denuncia tener tras la presunta violación. Una táctica de presión que también se vio en otros procesos tan mediáticos como el de ‘La Manada’.
Se salta la ley
Este movimiento por parte de la progenitora del futbolista, con el que se ha saltado la orden dada por la jueza de instrucción del caso, quien prohibió la difusión de cualquier dato que pudiese sacar a la luz la identidad de la joven, una directriz contemplada también en el Estatuto de la Víctima, ha tenido ya sus primeras consecuencias. Ester García, la abogada de la presunta víctima, presentó una denuncia por considerar que en el vídeo se desvelan su identidad y datos de su intimidad, un delito fragrante. Y la Fiscalía Provincial de Barcelona se encuentra ya investigando los hechos y tomando medidas para tratar de evitar la difusión.
Además, el Ministerio Fiscal ha solicitado al tribunal que juzgará a Dani Alves que la presunta víctima declare con medidas de protección para que no sea posible su identificación. Una medida que, de aceptarse, permitiría a la joven testificar durante la vista separada de los presentes en la sala por una mampara o incluso desde otra sala ajena a la de vistas y con medios para distorsionar su voz y evitar, de este modo, una doble victimización durante el proceso.
Consecuencias legales: posible prisión
Pero ¿qué pasa con la madre del jugador tras difundir las imágenes? Pues bien, de acuerdo con el portal Vozpópuli, Lucía Alves “podría enfrentarse a un delito de revelación de secretos y a un delito contra la integridad moral de la víctima”, algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones en casos de este tipo para intentar desacreditar a la víctima.
No obstante, el hecho de que la madre de Alves viva en Brasil dificulta que pueda ser juzgada y condenada en España, porque, tal como recoge este digital, la ley contempla que los hechos deben ser enjuiciados en el país donde se haya cometido el hecho delictivo. Así, las autoridades deben averiguar primero la IP desde la que se publicaron las imágenes, si se cogieron de sus redes sociales desde Brasil o fueron enviadas desde España por alguna parte interesada en el proceso.
De poder entrar a juzgarla, hay que precisar que el delito de revelación de secretos consiste en diferentes conductas por las que se descubren hechos de otra persona que esta pretende que queden en su intimidad. Se trata de un delito que está penado con condenas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Por su parte, el delito contra la integridad moral de la víctima consiste en un ataque contra la dignidad personal, mediante actos hostiles, vejatorios, humillantes o degradantes. Este se encuentra regulado en el artículo 173.1 del Código Penal y se castiga con pena de prisión de seis meses a dos años.