La expareja de Edwin Arrieta: “Me iba a mandar a matar y enviar las cenizas a mis familiares”

El juicio que tendrá como protagonista a Daniel Sancho, acusado de asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, arranca este martes 9 de abril. Un proceso que se extenderá hasta el 3 de mayo y que contará con la presencia de hasta 55 testigos: 28 propuestos por la fiscalía y 27 de la defensa del hijo de Rodolfo Sancho. Uno de los citados para ofrecer su testimonio será una de las exparejas del cirujano colombiano, quien ha hablado en Y ahora Sonsoles para compartir las extorsiones sufridas durante su relación con la víctima.

Esta persona, citado en el juicio como testigo protegido, denuncia que recibió reiteradas amenazas de muerte cuando acabó con su relación con Arrieta. “Él me iba a mandar a matar. En un día llegué a tener 200 llamadas telefónicas. Quería manejar y controlar todo. Un día tuve que cambiar de teléfono”. El origen de estas supuestas coacciones se originó a consecuencia de la decisión de su expareja de regresar a Venezuela junto a su familia.

“Él me envió un grupo policial y fui detenido”

El cirujano le aseguró que “iba a mandar las cenizas a sus familiares” en el caso de que retornase a su país. “Él me dijo que, si yo regresaba para acá para Venezuela, él tenía la dirección de mis familiares y me iba a mandar a matar y las cenizas se las iba a enviar a mis familiares. Mi temor fue que tenía mi dirección”.

El testigo afirma que el cirujano tenía contactos “poderosos” para manipularle. Así lo comprobó cuando unos policías colombianos le detuvieron tras conocer sus intenciones de regresar a Venezuela. Los agentes le dijeron que no podía regresar a Colombia porque tenía que quedarse con Edwin. “Todo lo quería manipular por medio de la policía, que eran, imagino, amigos del, y llegaban a amedrentarme por lo que yo decidiera y que él no estuviera de acuerdo. Él me envió un grupo policial y yo fui detenido. Los policías me indicaron que yo no podía regresar a Venezuela porque yo tenía que quedarme con Edwin”.

Los que no podrán ofrecer su testimonio, ni siquiera por videoconferencia, son Leoboldo Arrieta y Marcela Arteaga, padres de la víctima, después de la decisión de la corte provincial de Koh Samui.

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