La Audiencia de Barcelona rechaza los recursos y mantiene a Alves en libertad provisional

La Audiencia de Barcelona ha acordado mantener en libertad provisional al exjugador del Barça Dani Alves, mientras se resuelven los recursos contra la sentencia que lo condenó a cuatro años y medio de cárcel, además de otros cinco de libertad vigilada, alejamiento e incomunicación con la víctima durante nueve años y seis meses, y una indemnización de 150.000 y el pago de las costas del juicio, por el delito de agresión sexual que este cometió la noche del 30 de diciembre de 2022 en el baño del reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

En su auto, la Sección 21 de la Audiencia desestima los recursos que presentaron la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la víctima contra la decisión del tribunal de dejar en libertad provisional a Alves, quien salió de la cárcel el pasado 25 de marzo tras pagar una fianza de un millón de euros después de más de un año en prisión preventiva.

Además, para disfrutar de esta libertad provisional hasta que haya sentencia firme (es decir, que se resuelvan los recursos, que podrían llegar al Tribunal Supremo, circunstancia que se alargaría alrededor de dos años), la Audiencia de Barcelona le impuso otras medidas. Entre ellas, este tuvo que entregar al tribunal sus dos pasaportes (el brasileño y el español) y ha de comparecer todos los viernes en la Audiencia de Barcelona para certificar que no se ha fugado. Además, se ha comunicado la situación a las autoridades brasileñas, para que no le expidan un nuevo pasaporte.

También se le impuso al futbolista la prohibición de acercarse a la denunciante a una distancia menor de 1.000 metros de su domicilio, así como de su lugar de trabajo y de cualquier otro sitio que ella frecuente. Y no podrá comunicarse con ella a través de ningún tipo de medio hasta que recaiga sentencia firme.

Dos años tranquilidad

Alves podrá disfrutar de unos dos años de tranquilidad, que es lo que se estima que tardará en tener una sentencia firme. El futbolista solicita la absolución, mientras que tanto la Fiscalía Provincial de Barcelona como la acusación particular piden que se le revise la pena al alza y que se cumplan sus pretensiones. El Ministerio Fiscal quiere que el castigo llegue hasta los nueve años de prisión, al entender que “no debió apreciarse la atenuante de reparación del daño”. Asimismo, todavía habría opción de recurso de casación por infracción de ley o vulneración de los derechos constitucionales ante el Tribunal Supremo.

Una vez resueltos los trámites, de quedar condena pendiente para el futbolista, este debería volver a la prisión y ese primer día empezaría a sumarse a los catorce meses y cinco jornadas que ya pasó internado. Finalmente, podría ir incluso al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero esto ya no retrasaría su entrada en prisión, que se haría efectiva tras la decisión del Supremo.

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