El acuerdo de Imanol Arias con la Fiscalía para evitar la cárcel

Nuevo capítulo en el dilema judicial que desde hace casi una década asola la vida e imagen de Imanol Arias: el actor, que arrasa estos días en Buenos Aires con la obra teatral Mejor no decirlo, debe sentarse a declarar junto a otros 30 acusados a principios de junio por el conocido como caso Nummaria, causa que se abrió en 2016 contra el bufete que da nombre al proceso y con el que, presuntamente, operaba Fernando Peña, quien, según Anticorrupción, habría prestado asesoramiento para que sus clientes defraudasen a la Hacienda Pública o a terceras personas.

El mismo organismo que formalizó la acusación apuntaba que Imanol Arias “ocultó al fisco parte de sus rentas, principalmente procedentes de su actividad personal por su participación como actor en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó”, delito que habría cometido “con la estructura societaria creada por el acusado Fernando Peña”, que convertía los ingresos en renta vitalicia para que la tributación fuera menor.

Un pacto a la baja que pasa por declararse culpable

Así las cosas, y tras 8 años de instrucción, el juicio se celebrará en unos días. Arias se enfrenta a una posible pena de 27 años de prisión y una multa de 10 millones de euros, castigos que busca reducir, según informa Eldiario.es, a través de un acuerdo que su equipo legal y la Fiscalía Anticorrupción estarían ultimando cuyo objetivo final es el de una condena a la baja: el actor se declararía culpable de algún delito fiscal siempre y cuando la condena que caiga sobre él no contemple el ingreso en prisión.

El pacto estaría casi cerrado, a falta de su formalización y de atar unos últimos detalles, y ha contado en la negociación de su validez con el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, José Antonio Choclán, defensa de Arias en este caso. Quien rehúye, según el citado rotativo, las ofertas de la fiscalía es Ana Duato, compañera del intérprete en la serie de RTVE, quien podría enfrentarse a una pena de 31 años de cárcel y 12 millones de euros de multa, fiel a la convicción de que se encontrarán errores de bulto en la acusación que puedan ser demostrados en el juicio —ya el pasado mes de mayo vio la actriz anulada la multa relativa al pago de sus liquidaciones del IRPF entre 2010 y 2012 al haber sido abonado en 2016—.

Estos pactos a la baja deben entenderse como habituales por parte de la acusación en los casos de delitos fiscales cuando el juicio se encuentra a la vuelta de la esquina; se tratan de acuerdos de conformidad que, en realidad, favorecen a todas las partes: el acusado logra una ventaja en la pena y Anticorrupción y Haciendo logran recaudar el dinero y asegurarse la confesión.

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