La fecha del juicio de Shakira por fraude fiscal: 12 sesiones y 200 testigos

Shakira ya conoce la fecha y cómo será el juicio en el que deberá responder a los cuatros delitos que se le imputa contra la Hacienda Pública. La artista de Barranquilla está acusada de defraudar presuntamente 14,5 millones de euros tras no presentar la liquidación del IRPF de los años 2012, 2013 y 2014, pero ella sostiene que residió de forma estable en nuestro país hasta 2015. La Audiencia de Barcelona ha determinado que el proceso judicial arranque el próximo 20 de noviembre y se prevé que concluya el 14 de diciembre del presente año.

Habrá un total de 12 sesiones, que estarán repartidas entre los días 22,23,28,29 y 30 de noviembre y también el 4,5,11,12,13 y 14 de diciembre, según recoge el escrito emitido de este órgano, al que ha tenido acceso El Periódico. Sin embargo, las fechas no son fijas, dado que pueden cambiar en el caso de que un testigo no preste declaración ante el magistrado del caso, José Manuel del Amo.

De hecho, también se puede agilizar dicha puesta judicial si Shakira reconoce la autoría de este delito o hasta incluso, si consigue un pacto con la Fiscalía con el objetivo de no entrar a prisión. Esto no es todo, el escrito de la Audiencia de Barcelona recoge que habrá hasta un total de 200 testigos, de los cuales más de un centenar son miembros de la Abogacía del Estado, 30 de la Fiscalía y 60 que solicitó la defensa de la artista de Barranquilla.

El regreso de Shakira a Barcelona

Esta puesta judicial, que pondrá punto y final a una de las cuestiones más delicadas que tiene a Shakira en el punto de mira, propiciará el regreso de la colombiana a la Ciudad Condal tras poner rumbo a Miami para iniciar una nueva vida junto a sus hijos (Milan y Sasha), pero lejos de Piqué. Está previsto que la cantante esté presente en la sesión que vaya a declarar ante el juez, como también en la sesión final, donde podrá realizar un alegato para reivindicar su inocencia.

En el caso de que se demuestre dicho fraude fiscal, Shakira se enfrentaría a una pena de cárcel de ocho años y dos meses de cárcel, al igual que una multa que asciende hasta los 23,8 millones de euros.