El gobierno prohibirá los teléfonos 902 para evitar “abusos y sobrecostes”
Se acabó en España eso de llamar a un número de tarificación especial y que dispare tu factura mensual.
Todos y todas hemos llamado alguna vez en la vida a los conocidos como ‘números de tarificación especial’, y seguro que empezaba por 902, los más extendidos actualmente según el Ministerio de Consumo. ¿Lo malo? El susto al mes siguiente al ver la tarifa telefónica disparada por culpa de la llamada, por esa tarificación extra abusiva e ilegal que el gobierno va al fin a cortar de raíz.
Los 902 de tarificación especial
Con la Ley en la mano, vemos que toda empresa o profesional tiene la obligación de facilitar servicios de atención telefónica con el objetivo de que sea una comunicación "rápida y eficaz" y, según la legislación, deben disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tarifa básica.
Pero según el artículo 21.2 de la LGDCU, en caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica de atención al cliente, su uso no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, que se entiende por el "coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario".
Prohibir en España los números 902
Los más comunes son los 902, que a día de hoy tienen "unos costes muy altos y suponen unos elevados sobrecargos en las facturas mensuales de los hogares". Esto se debe a que los 902 son más caros que una llamada provincial pero más baratos que una llamada nacional, un precio que se estableció en el pasado. Sin embargo, a día de hoy, donde todos los operadores ofrecen tarifas planas de llamadas desde fijos y móviles, "los 902 han quedado obsoletos".
El Gobierno está preparando una modificación legislativa para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, entre los que se incluyen los que usan el prefijo 902. Con esta medida, el Gobierno busca que los consumidores dispongan siempre de un número geográfico de tarifa básica para sus relaciones con las empresas y acabar así con "abusos y sobrecostes en las facturas mensuales" beneficiando a toda la población, especialmente a aquella con menos recursos.
Modificar la Ley
Para ello, el Gobierno modificará el artículo 21.2 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) para precisar este punto, de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De esta manera, se evitará que las compañías puedan aplicar a las llamadas a sus servicios de atención al cliente precios que excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica.
"Los servicios de atención al cliente no pueden ser un coste para el bolsillo de consumidores y un negocio para unas pocas empresas. Es una medida de justicia social, que pondrá fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del Covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad", señalan desde el Ministerio
En vigor antes del próximo verano
¿Cuánto entrará en vigor esta nueva Ley? El problema actual es la realidad que vivimos del Coronavirus, que lo está ralentizando todo, pero el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha avanzado hoy viernes que confía en que antes del próximo verano pueda estar en vigor la modificación legislativa que ha anunciado su departamento para prohibir en los servicios de atención al cliente el uso de cualquier número de tarificación adicional, entre los que se incluyen los que usan el prefijo 902.
El problema no son los 902, sino los precios
La OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, ha aplaudido esta medida, pero al mismo tiempo no cree que sea buena idea eliminar dicha numeración en los servicios de atención al cliente: “Mantener los 902 es útil y práctico para la comunicación: identifica fácilmente a las empresas y ayuda a la memorización del número”. Por ello considera que la solución debe pasar por “equiparar la numeración 902 a la de los números geográficos a los que sustituye, de forma que pasen a estar cubiertas por los bonos y las tarifas planas de las operadoras telefónicas”. Una propuesta que también comparte la propia CNMC, la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones.
OCU pide además al Ministerio de Consumo que se haga lo mismo con los números de teléfono que empiezan por 901, de coste compartido pero "muy superior al normal que siguen utilizando algunas administraciones públicas. Con más razón si cabe en las circunstancias actuales, cuando por motivo de las restricciones a la movilidad y presencialidad es recomendable priorizar las gestiones a distancia. El coste tipo de números, similar a los 902, deben equipararse al de una llamada normal y poder incluirse así también en las tarifas planas de los operadores telefónicos".