Un decálogo por la inclusión

La redacción de AS sirvió ayer como escenario para la reunión de la Comisión Nacional del Deporte Inclusivo, un ente creado por la Asociación del Deporte Español (ADESP) con el objetivo de construir estrategias y políticas que favorezcan la plena inclusión de los deportistas con discapacidad en los ámbitos internacional, nacional y autonómico.

Y es que la meta final está en el 31 de diciembre de 2026. Para entonces, el Comité Paralímpico Internacional ha marcado el límite para que todas las federaciones nacionales cuyas internacionales hayan integrado a los deportistas con discapacidad hagan lo mismo. Además, la nueva Ley del Deporte que entró en vigor el 1 de enero apunta en la misma línea.

Vicente Jiménez, director de AS, dio la bienvenida a todos y alabó la “decisión inteligente de acercarse a los medios de comunicación para difundir el mensaje”. Delante, los miembros de la comisión con representación de ADESP, el Comité Paralímpico Español (CPE), las federaciones de deportes para ciegos, discapacidad física, intelectual, parálisis cerebral y sordos. Junto a federaciones (son 14 en total) que disfrutan ya de una integración plena como ciclismo o triatlón y otras con vocación de hacerlo pronto, como natación. Además, de representantes de dos comunidades autónomas (Extremadura del PSOE y Murcia, del PP) y la Fundación Sanitas, ligada desde siempre al deporte paralímpico. Todos los estratos, desde la base a la élite y la política.

De entrada, se acordó suscribir la petición de Miguel Carballeda, presidente del CPE, de retirar de la Constitución Española la palabra ‘disminuido’. “El lenguaje sirve para generar estados de opinión y no es de recibo, por lo que los partidos deben llegar a un acuerdo”, rogó José Hidalgo, presidente de ADESP.

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En el cónclave también se acordó hacer público un Decálogo de Buenas Prácticas para la Inclusión que quedará definido en próximas fechas. Pero las líneas generales quedaron trazadas: la transferencia del deporte de las federaciones con discapacidad a las unideportivas debe ser pactada. Tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas deben establecer una línea específica de financiación en los presupuestos generales. “Se han destinado partidas millonarias para la integración laboral o escolar y con el Deporte el CSD no ha tenido financiación. La inclusión es cara y las administraciones públicas deben financiarla no de forma extraordinaria, como se ha hecho este año en el que habrá una subvención de dos millones para actividad y 3,5 para material procedentes del 2,5% del dinero de los derechos audiovisuales de LaLiga, algo discrecional”, detalló Alberto Jofre, director del CPE.

En esos diez puntos, también se apuntó a la armonización entre federaciones españolas y territoriales, definir el rol de las federaciones con discapacidad para convertirlas en una empresa de servicios que ayude a las unideportivas y el deporte recreativo, avanzar en accesibilidad (de 70.000 instalaciones sólo un 18% dispone de vestuarios accesibles) y hacia un ideal inclusivo, coordinar un modelo de tecnificación con plazas en centros de alto rendimiento y establecer ayudas para material adaptado y personal de apoyo como guías.

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“Los Juegos Paralímpicos deben tender a desaparecer como concepto y como marca. Los Olímpicos, con la integración de las federaciones internacionales, tendrán que incluir a personas con y sin discapacidad. El paso importante debe ser capaces de hacer pruebas inclusivas, en las que todos participen bajo un reglamento”, resumió como ideal May Peus, presidente de Deportes de Invierno. Un horizonte cada vez más próximo.