El Gobierno confía en una suspensión 'light' de la AMA

España no ha adecuado su Ley Antidopaje al nuevo Código de la Agencia Mundial (AMA) y este viernes, día en que vence el plazo, puede ser castigada con una suspensión de funciones de la Agencia Española (AEPSAD). La Ley española se modificó de urgencia en junio de 2013 para la elección de los Juegos del 2020. El nuevo Código se aprobó cinco meses después. Y entró en vigor el 1 de enero de 2015. Había, pues, tiempo para reformarla y no se hizo. Ahora, sin Gobierno, es imposible llevarlo a cabo. La suspensión podría suponer el cierre de los laboratorios antidopaje (Madrid y Barcelona), que los controles nacionales se tengan que enviar a analizar a otro país y que las federaciones internacionales no puedan encargar controles a la AEPSAD. Pero desde el Gobierno se confía en una modulación de la sanción.

Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, expuso, tras abrir unas jornadas sobre salud y zika en Río, las explicaciones de por qué no se ha modificado la norma: “Hubiera sido extraño haber adaptado la legislación cuando el Código todavía no había entrado en vigor y podía cambiar más. La fecha que hay que tomar de partida es el 1 enero del 2015".

"Somos de los pocos países que tienen una legislación pública en materia antidopaje. Otros lo resuelven de forma privada y les basta una resolución de su autoridad antidopaje para cambiar la normativa. Aquí una ley orgánica requiere un informe del Consejo de Estado que lleva unos meses, un trámite de audiencia de los afectados, su paso por las cámaras… Una norma de este calado era muy improbable que pudiera llegar a tener ese recorrido (las elecciones se preveían en junio o septiembre y fueron en diciembre). Parecía lógico, una vez aprobada una Ley Antidopaje en esta legislatura, esperar a la próxima para hacerlo”, excusó. 

El director de la Agencia Española, Enrique Gómez Bastida, y el propio Cardenal han explicado la situación a la AMA, y desde el Gobierno se espera una modulación de la sanción. Una suspensión ‘light’ que no altere el mecanismo antidopaje español a pocos meses de los Juegos.

“Me consta que la AMA conoce la determinación de España de cumplir con las obligaciones del Código. La última prueba de ello es la publicación en el BOE el viernes pasado de la última versión. La AMA no tiene ninguna reserva, como pudo ocurrir en el pasado, sobre la determinación de España en luchar contra el dopaje, en la aplicación de las normas, en perseguir conductas y en cooperar con las autoridades internacionales. Conoce perfectamente que la situación política de España es inédita en casi cuatro décadas de democracia y eso imposibilita la aplicación de cualquier tipo de norma”, advirtió Cardenal.

“Sobre las consecuencias del vencimiento del plazo, es algo que está abierto. Esperamos que no tenga consecuencias prácticas ni para los deportistas ni para las instituciones de nuestro país”, añadió.

A este problema se puede añadir la próxima resolución de los recursos de la Operación Puerto, que podría acabar con la destrucción de las bolsas de sangre y otra fuerte polémica internacional. En ese sentido, Cardenal advirtió que “España es un estado de derecho y hay una separación de poderes. El Gobierno no puede interferir en la Justicia pero sí ser parte en un proceso, y el CSD es parte. Recurrió las sentencias, pidió que se entregaran las bolsas de sangre a las autoridades antidopaje… Pero también defendemos la autonomía del poder judicial. Eso se debe entender en cualquier país democrático del mundo”.