El Supremo no admite el recurso de la Española contra Tarrés

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por la Federación Española de Natación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que consideraba improcedente el despido de la exseleccionadora del equipo español de natación sincronizada, Anna Tarrrés, según informaron hoy fuentes federativas.

"Nosotros entendíamos que en otros casos similares al de Anna Tarrés, otros tribunales habían resuelto de manera distinta y por eso presentamos ante el Supremo un recurso de casación para la unificación de doctrina", señaló el presidente de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena.

"Pero el Supremo ha considerado, antes de entrar en el fondo de la cuestión, que las comparaciones que nosotros utilizábamos no eran idénticas al del caso de Anna Tarres, por lo que no ha admitido a trámite el recurso. El Supremo no entra en el fondo de la cuestión, nos dice que las comparaciones que nosotros utilizábamos no eran idénticas", añadió el presidente de la Federación.

Una decisión que ratifica la sentencia del TSJ de Cataluña, que en diciembre de 2013 desestimó el recurso presentado por la Federación Española contra la resolución del juzgado de lo social número 2 de Tarrassa (Barcelona), que consideraba improcedente el despido disciplinario de Anna Tarrés y que condenaba a la Federación a pagar a la exseleccionadora una indemnización de 383.300 euros.

A la conclusión de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde el equipo español de natación sincronizada logró una medalla de plata, en la modalidad de dúo, y otra de bronce, en la modalidad de equipo, la Federación Española de Natación comunicó a Anna Tarrés su decisión de renovar el contrato de la entrenadora que concluía el 31 de diciembre de 2012.

Sin embargo, un grupo numeroso de nadadoras acusó a la seleccionadora de maltrato. 

Pocas semanas después Esther Jaumá fue anunciada como la nueva directora técnica, lo que llevó a Anna Tarrés a demandar la Federación Española por "violación de derechos fundamentales y acoso moral", al haber nombrado ya a su sustituta y no dejarle desempeñar las funciones propias de su cargo durante los últimos meses de contrato.

La primera batalla legal entre la Federación y Tarrés se resolvió a favor de la entrenadora, ya que el juzgado número 2 de lo social de Tarrasa falló en noviembre de 2012 que la Federación Española debía reponer en sus funciones a la exseleccionadora, aunque desestimó la petición económica de Tarrés que reclamaba una indemnización de 359.010 euros.

Un mes más tarde, el 17 de diciembre, apenas catorce días antes de la finalización de su contrato, la Federación Española de Natación despidió de manera disciplinaria a Anna Tarrés por "transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza", al considerar que estaba detrás de los contratos de representación que habían firmado sus nadadoras con un tercero.

Este despido fue considerado improcedente en junio de 2013 por el juzgado de lo social número 2 de Tarrasa, que además fijó una indemnización de 383.300 euros a favor de la entrenadora.

Una sentencia que fue ratificada en diciembre de 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que desestimó el recurso presentado por el Federación Española de Natación, que ese mismo día anunció su decisión de recurrir el Tribunal Supremo, que finalmente no ha admitido a trámite el recurso de casación presentado por el organismo federativo.

"Desgraciadamente el Supremo no ha entrado a conocer el fondo del asunto, pero como dije en su momento y me ratifico ahora, lo que hizo la Federación es lo que tenía que hacer. Si hay tres deportistas que sacan un contrato diciendo que las han obligado a firmarlo y hay un supuesto ingreso económico al margen de la Federación que lo reparte Anna Tarrés, creo que hay una causa justa de despido", señaló Fernando Carpena.

En este sentido, el presidente de la Federación Española de Natación aseguró que la resolución del Tribunal Supremo no tendrá ninguna consecuencia económica ya que el pago de la indemnización fijada a Anna Tarrés se efectuó en 2013.