Cárcel en Irán a una mujer por ver un partido de voleibol

Un tribunal iraní ha condenado a un año de cárcel a una mujer con doble nacionalidad iraní y británica por tratar de acudir como espectadora a un partido de voleibol, violando las leyes de segregación que prohíben a las mujeres asistir a eventos deportivos masculinos, informó hoy su abogado.

"Hoy, el presidente del tribunal me enseñó la sentencia, según la cual mi cliente es condenada a un año de prisión", dijo a la agencia de noticias ILNA Mahmud Alizadeh Tabataí, el abogado de la joven detenida, Ghoncheh Ghavamí.

El letrado señaló que aún debe recibir notificación oficial de la sentencia.

Ghavamí, de 25 años, estudiante de Derecho en la Universidad de Londres y graduada en la Escuela de Londres de Estudios Orientales y Africanos (SOAS), fue detenida el pasado 20 de junio tras acudir junto con varias activistas de los derechos de las mujeres a un partido del equipo nacional de voleibol en el estadio Azadí de Teherán.

Las jóvenes se manifestaron fuera del centro deportivo exigiendo libertad para que las mujeres puedan acudir como público a este tipo de eventos.

Varias de ellas fueron detenidas por las Fuerzas de Seguridad, que las dejaron libres bajo fianza pocas horas después, pero Ghavamí regresó a la comisaría diez días después para reclamar sus objetos personales y volvió a ser arrestada.

Está acusada de "propaganda contra el Estado" y ha pasado parte de su detención en una celda de aislamiento en la prisión de Evin, en el norte de Teherán.

Según varios medios británicos, el pasado uno de octubre se puso en huelga de hambre, que continuó durante 14 días, hecho que las autoridades judiciales iraníes han negado.

Finalmente fue juzgada el pasado 14 de octubre en el Tribunal Revolucionario de Teherán y la sentencia se ha conocido hoy.

Su detención provocó el inicio de una campaña internacional exigiendo su liberación.

La plataforma www.change.org acoge una campaña titulada #FreeGhonchehGhavami (Liberad a Ghoncheh Ghavamí) que han firmado más de 700.000 personas y la organización Amnistía Internacional ha denunciado su arresto y reclama también su puesta en libertad.