Andalucía: se aprobó el proyecto de Ley del Deporte

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el proyecto de la Ley del Deporte de Andalucía, que sustituirá a la vigente desde 1998. Como principales novedades, la nueva Ley incorpora medidas para la protección y difusión del deporte de ocio y de competición no federado; la lucha contra el dopaje, y la regulación, por primera vez, con rango legal del ejercicio profesional en el sector.

Así, la comunidad autónoma adaptará su ordenamiento jurídico a la nueva realidad que supone el auge de la práctica deportiva habitual en la comunidad, que alcanza ya a más de tres millones de andaluces (el 42,36 por ciento de la población). Las políticas de la Junta en esta materia han permitido extender una red de más de 14.000 instalaciones públicas, lograr que un millón de escolares hagan deporte al salir de clase y consolidar una estructura asociativa con 61 federaciones y 20.000 clubes. Andalucía es también la comunidad con mayor número de licencias de deportistas (564.000) y de clubes federados (11.023).

A partir de la consideración del deporte como un derecho que debe garantizarse en condiciones de igualdad, seguridad, salud y calidad, el proyecto de ley introduce una nueva clasificación que otorga cobertura jurídica no sólo a la competición federada sino también a las actividades deportivas de ocio y a las competitivas que no tienen carácter oficial, como las carreras populares, según ha expuesto Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte. Para estas últimas, se establece un control previo dirigido a asegurar la protección de los participantes y su celebración deberá ser comunicada con antelación a la Junta o a la entidad local competente.

En esta misma línea garantista, y como medida pionera en España, la ley andaluza definirá también el Catálogo de Derechos y Deberes de los Deportistas. Entre los primeros se destacará el relativo a la información y a la orientación, mientras que los deberes se centrarán en respetar los principios de igualdad y en fomentar los valores sociales.

En materia de igualdad está una de las grandes incorporaciones de la Ley: el requisito de que la presencia de mujeres en las juntas directivas de las federaciones sea al menos proporcional a su número de licencias.

Luciano Alonso desveló que otra novedad es "la creación de una tarjeta sanitaria específica para el deportista federado, que recogerá toda su información médica, especialmente reconocimientos, pruebas de esfuerzos y controles de dopaje".

La nueva norma cubrirá una notable laguna de la legislación vigente y así dispone medidas de prevención y lucha contra el uso de sustancias y métodos que adulteran la práctica y ponen en riesgo la salud del deportista. Entre otras previsiones, se creará la Comisión Andaluza Antidopaje; se publicará un listado de sustancias, grupos farmacológicos y métodos prohibidos, y se fijará la obligatoriedad del control a los deportistas con licencia. Otro organismo similar se centrará en prevenir y combatir la violencia, el racismo y la xenofobia.

La protección de las personas que practican deporte es también el objetivo de otra de las grandes novedades del proyecto, que recoge la regulación de la cualificación profesional en el sector. Esta medida, que en el ámbito nacional actualmente sólo está implantada en Cataluña, se dirige a salvaguardar la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios de centros deportivos, gimnasios, piscinas, clubes y todo tipo de servicios deportivos. Siempre que las correspondientes actividades que desarrollan sean remuneradas, el nuevo marco legal fijará los títulos oficiales, las cualificaciones y el ámbito funcional de cuatro profesiones: profesor de Educación Física, director deportivo, entrenador y monitor.

Igualmente novedosa es la incorporación de disposiciones para promover la I+D+i más allá del ámbito académico. Uno de los objetivos será aprovechar al máximo las investigaciones que desarrolla el Instituto Andaluz del Deporte, especialmente en medicina, aplicaciones tecnológicas y mejora de gestión, para intensificar la transferencia de sus resultados a un sector que en los últimos años se ha revelado como un importante yacimiento de empleo (actualmente casi 70.000 puestos de trabajo directos e indirectos) y de creación de riqueza en la comunidad: "Más del 3,2 por ciento del PIB regional", señaló ALonso.

En la misma línea, la norma prevé la creación de una oficina virtual encargada de unificar y simplificar trámites, así como de promover el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en todo el sistema deportivo andaluz.

Tribunal Administrativo del Deporte.

En cuanto a las instalaciones deportivas públicas, sus proyectos de construcción, reforma, ampliación y gestión deberán contar, también por primera vez, con controles para su adecuación a los principios de sostenibilidad social, económica y medioambiental. Esta medida se reforzará con la formulación de vías de colaboración obligatorias entre las distintas administraciones, dirigidas a garantizar la viabilidad y el mantenimiento de la red de instalaciones y equipamientos deportivos de Andalucía.

El nuevo texto supondrá también un avance en el proceso de modernización y transparencia de las federaciones deportivas, a través de medidas como la aprobación del Código de Buen Gobierno o la creación del Consejo Andaluz de Federaciones Deportivas, que será el órgano de participación de estas entidades en las políticas autonómicas sobre la materia.

Asimismo, se creará el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía como única entidad de recepción y tramitación de recursos administrativos, con el fin de lograr una mayor simplificación y eficiencia en la resolución de litigios en este ámbito.