El Congreso votará el jueves la nueva Ley Antidopaje

La Ley Orgánica de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva pasará mañana su último trámite parlamentario en el Pleno del Congreso, al que regresa para su aprobación definitiva y su entrada en vigor antes de la elección de la sede de los Juegos de 2020. La cámara Baja ya dio su aprobación al texto el pasado 9 de mayo por amplia mayoría (299 votos a favor, 8 en contra y 12 abstenciones) y volverá a votarlo tras la incorporación de las enmiendas transaccionales incluidas durante su tramitación en el Senado, donde fue aprobado el pasado día 5 con la abstención de los grupos Catalán y Vasco.

La nueva ley, que sustituirá a la anterior del año 2006 y entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es imprescindible en opinión del Gobierno en un momento en el que España defiende los proyectos olímpicos de Madrid 2020 y Barcelona-Pirineos 2022. Entre sus novedades, la ley prevé la creación de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, en sustitución de la actual Agencia Estatal Antidopaje (AEA), organismo que tendrá autonomía, más competencias y será responsable de la planificación y realización de los controles.

También contempla la colaboración entre las autoridades judiciales y las administrativas en materia de dopaje, para instruir procedimientos penales ante la posible comisión de delito, y endurece las sanciones, especialmente en el entorno del deportista, con multas hasta de 400.00 ? por infracciones contra un menor de edad, e inhabilitación de por vida.

La Ley, que impide los controles antidopaje entre las 23.00 y las 6.00 horas, salvo en casos excepcionales que deberán estar motivados y explicados al deportista, también contempla como novedad la creación del Tribunal Administrativo del Deporte.

Este órgano sustituirá al Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) y a la Junta de Garantías Electorales y su composición, organización y funciones se desarrollarán reglamentariamente.

El Consejo de Ministros aprobó el 8 de marzo pasado el proyecto de ley, cuestionado en su tramitación parlamentaria por los grupos parlamentarios catalán y vasco por entender que interfiere en las competencias en las comunidades autónomas