Cataluña sólo competirá donde no exista federación española
En doce deportes podrá llevar una selección propia
El Tribunal Constitucional avaló ayer la ley de selecciones catalanas al desestimar el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno, presidido entonces por José María Aznar, presentó en 1999 contra el artículo 2 de dicha norma.
El artículo recurrido decía que "las federaciones catalanas de cada modalidad son las representantes del respectivo deporte federado catalán en los ámbitos supraautonómicos".
Pero lo que podía parecer un éxito para dichas selecciones es también un freno a su internacionalidad ya que la sentencia establece que "las selecciones deportivas catalanas podrán participar en competiciones en ámbitos supraautonómicos siempre que se trate de deportes en los que no existen federaciones españolas y que, en ningún caso, se impidan o perturben las competencias del Estado de coordinación y representación internacional del deporte español".
La Unió de Federacions Esportives Catalanes reúne a un total de 75 federaciones frente a las 65 españolas. Tal como establece la sentencia los deportes en los que Cataluña podrá competir de pleno derecho son doce: Korfball, Pich&Putt, Fútbol Australiano, Fisball, Raquetball, Icestock, Twirling, Fut-Tennis, Tamborí, Futvolei, Rugby a XIII y Biketrial.
El ministro José Ignacio Wert dijo que "lo importante" de esta sentencia, similar a la que se dictó en abril sobre el País Vasco, es "subrayar el alcance de las limitaciones que el Constitucional establece con claridad para estas selecciones de ámbito inferior al nacional; es decir, que no pueden competir en aquellos deportes en los que existan federaciones nacionales y en los que España compita internacionalmente".
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Iván Tibau, secretario general de l'Esport de la Generalitat, señaló: "La sentencia establece que podemos competir a nivel internacional de manera oficial, pero no allí donde esté la española. Es un camino que queda por recorrer y no vamos a dejarlo aquí".
La Plataforma Pro Seleccions Catalanes advierte que "la sentencia no es garantía de legalidad" y anuncia "una reunión con la presidenta del Parlament para estudiar las posibles acciones legales".