El deporte español tendrá 181 millones de euros en 2007

Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, presentó ayer en el Congreso de los Diputados un presupuesto para 2007 de 181 millones de euros, con un incremento del 6,74% sobre los 169,6 del año anterior. "Son unos presupuestos expansivos, ambiciosos e innovadores, y los más potentes de la legislatura, con el mayor incremento anual", aseguró el máximo dirigente del deporte español ante la Comisión de Educación y Ciencia.

Esa cantidad es la que sale de los presupuestos generales del Estado, pero la cifra asciende a 202 millones si se contabiliza lo aportado por el ADO y que se basa en la iniciativa privada de grandes empresas para potenciar a la élite.

Destacan los 81,9 millones que se dedican a subvencionar las federaciones deportivas, incluyendo la preparación para los Juegos de Pekín 2008 y que suponen el 45% del presupuesto global, "porque las federaciones son pieza clave en el deporte español", dijo Lissavetzky. El reparto específico a cada federación no se conocerá en detalle hasta principios del próximo año.

Se crean partidas presupuestarias de un total de 3,85 millones de euros para financiar la puesta en funcionamiento de la Ley Orgánica de la protección de la salud y de la lucha contra el dopaje, la Agencia Estatal Antidopaje, la organización de la Conferencia Mundial de noviembre de 2007, que se celebrará en Madrid, y la creación de la tarjeta del salud del deportista.

No hay querella contra Blanco

Francisco Antonio González, portavoz del Partido Popular en la Comisión, se interesó por quién pagaría los gastos de la defensa de Rafael Blanco, director general de Deportes, presuntamente demandado por acusados en la Operación Puerto. Jaime Lissavetzky fue tajante: "No nos ha llegado ninguna querella contra Blanco; no tenemos noticia. En todo caso, si llegase a producirse, sería la abogacía del Estado quien defendería al director general, como en el caso de cualquier otro funcionario". Por otro lado, Lissavetzky reiteró que no le gustaría que "se criminalizase a los ciclistas involucrados".