El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley Antidopaje que ha impulsado Jaime Lissavetzky al frente del Consejo Superior de Deportes. Es una norma orgánica, que afecta a cuatro ministerios (Educación, Justicia, Sanidad e Interior) y que supone la reforma del Código Penal para introducir penas de cárcel para los inductores, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Ley del Deporte. Ahora, el texto irá al Congreso, donde debe ser aprobado por mayoría. Se pretende que la Ley entre en vigor en septiembre.
Este proyecto contempla la creación de una Agencia Española Antidopaje y regulará la realización de controles por sorpresa fuera de competición. También se consigue adecuar la legislación española a la internacional. Otros puntos importantes son la posibilidad de inspeccionar y decomisar sustancias de los botiquines de los equipos y una rebaja de los plazos para evitar dilaciones en la resolución de sanciones, así como una fórmula arbitral para evitar el recurso a la Justicia Ordinaria como ha ocurrido con Gurpegi o Heras.
El Gobierno también aprobó un anteproyecto de Ley contra la Violencia y el Racismo que introduce sanciones para "conductas que menosprecien la dignidad humana". Definirá qué es un acto violento, racista o xenófobo en el deporte.
