Ciclista para lo que conviene

Ángel Vázquez es un ciclista aficionado que dio positivo con EPO el 20 de mayo de 2003. Un año después sigue compitiendo. Y lo seguirá haciendo, porque su abogado Sanz recurrirá a la vía judicial, como hizo Gurpegui en el Athletic de Bilbao. De esta manera su caso se prolongará hasta no se sabe cuándo. Como estamos en un estado de derecho, nada se puede objetar a estas maniobras, por arteras que sean. Pero esto es desviar la atención. El abogado dice que los controles antidoping son anticonstitucionales, pero no dice si Vázquez dio positivo o no. Si dio, como demostró el control, hizo trampas. Y en el deporte tal infracción se sanciona.

El abogado Sanz pretende llevar el caso como si su defendido no fuera ciclista. Pero resulta que lo es. Lo es hasta tal punto que cuando compite en una carrera el tráfico se paraliza, vulnerando el derecho de los conductores a desplazarse libremente. Y como es ciclista, tampoco paga nada por utilizar para su beneficio una carretera que dejan libre a su paso. Vázquez se beneficia de unos privilegios que el resto de los ciudadanos no tienen por no ser ciclistas. Éstos se ven favorecidos de su condición porque practican una actividad perfectamente reglamentada y tutelada. Y entre sus reglas está el no hacer trampas. Por eso había que empezar por ahí.

Pero no. Eso, para el abogado de Vázquez, es marginal. En ese debate no entra, pues lo primero son los derechos constitucionales del ciclista. Pues que no hubiera esperado a que diera positivo. Si tan importantes son, que hubiese presentado una demanda cuando Vázquez hizo el primer control de su vida. Tan inconstitucional sería dando negativo como positivo. Mas por lo visto, no. Claro, es que ahora le esperan dos años de sanción, "una inhabilitación desproporcionada para un deportista, porque su vida laboral es corta", dice Sanz. Pues puestos a legalismos: ¿pero no quedamos en que Vázquez es aficionado? ¿Qué vida laboral se le corta?