Las dos justicias caminan separadas

Los directores de deportes de la UE volvieron a reunirse, esta vez en Madrid, para armonizar la lucha antidoping. Ardua tarea, máxime cuando la semana pasada volvimos a tener un ejemplo de cómo la justicia ordinaria y la deportiva caminan separadas. La Fiscalía Antidopaje del Comité Olímpico Italiano solicitó hasta cuatro años de suspensión para algunos de los implicados en los registros del Giro 01 y la Comisión Disciplinaria de la Federación Italiana de Ciclismo sólo sancionó testimonialmente a uno de los implicados, al único que reconoció haber tomado las sustancias que le requisaron.

En Italia, como en Francia, como en el resto de la Unión Europea, hay fármacos que no se pueden tener, pues están reservados para uso hospitalario. Y esto es una medida ministerial, no deportiva, debido a la peligrosidad del uso incontrolado de algunos productos. La EPO, por ejemplo. Pero ocurre que en algunos países, los dos citados anteriormente, esta pertenencia se persigue y en otros se hace la vista gorda. Cuando se requisa ese tipo de fármacos se abre una investigación, porque el tráfico es delito; si la posesión fuera para consumo propio, se solicita una sanción deportiva.

Pero entonces viene el problema. Lo que condenan las Federaciones es estrictamente el consumo, no la pertenencia de fármacos prohibidos, aunque las leyes de todos los organismo superiores van por ahí. Y mientras a un ciclista no se le demuestre en los análisis que ha ingerido esas sustancias, ningún castigo se le aplica, y aún así ni eso. Visto el precedente italiano, es fácil de imaginarse lo que va a suceder con el caso de los corredores españoles implicados en los registros del Giro, cuyo expediente fue enviado al Consejo Superior de Deportes y remitido, a su vez, a la Federación Española de Ciclismo.