El Gobierno hace las paces con Arantxa

Arantxa Sánchez Vicario y Conchita Martínez recibieron ayer la máxima distinción del deporte español: la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo. Concederla es un privilegio que se reserva el mismísimo Consejo de Ministros. Se trata, pues, de una potestad del Gobierno y que se realiza después de analizar pormenorizadamente los pros y los contras. Que se entregue a Aranxta significa el reconocimiento público de que ya no es una defraudadora, pese a que desde 1996 Hacienda le reclamara 625 millones de pesetas por no pagar sus impuestos fiscales en España.

Arantxa fijó su residencia en Andorra en 1989 por las ventajas fiscales que le daba. Allí pagaba el 25% de impuestos, cuando en España la presión fiscal le obligaría a pagar el 56%. Su caso no era el único. En su misma situación se encontraban deportistas como Crivillé o Bruguera, pero el caso de Arantxa fue el más sonado porque entró en litigio. Los inspectores llegaron a efectuar un registro en el domicilio de los padres de la jugadora en Barcelona y también en la masía que tiene en las afueras de la ciudad a nombre de una sociedad, en busca de pruebas para demostrar que ésas eran sus residencias.

Así era, pero como Aranxta no tenía propiedades en España y pagaba, en cambio, durante todo el año las facturas de agua, luz y teléfono de su casa en Andorra, la Agencia Tributaria no encontraba manera de sacar el caso adelante. El año pasado hubo una solución que pareció salomónica: el Tribunal Económico Administrativo de Cataluña anuló las sanciones que perseguía la Agencia Tributaria, que tenían un recargo del 150% sobre los 625 millones, y Arantxa decidió volver a fijar su residencia en España. Hechas las paces, el Gobierno ha elevado a Aranxta, junto a Conchita, a los altares.