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ACB | Caso Timinskas

Karnisovas, sí Timinskas, no

El jugador del Barça es comunitario y el del Tau extranjero, según los juzgados. Está situación incrementa la polémica existente en la ACB con los comunitarios B.

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Karnisovas, sí Timinskas, no

El Juzgado de lo Social número 20 de Barcelona ratificó las medidas cautelares aplicadas al barcelonista Arturas Karnisovas la pasada temporada. Según la magistrada, los derechos del jugador lituano se mantienen vigentes y puede disputar la Liga ACB como comunitario. De hecho, el Barça lo presentó como tal ante la ACB a la espera de la tramitación y ratificación por parte de la Federación Española.

Por el contrario, el Juzgado de lo Social número 3 de Vitoria tuvo otra interpretación con un caso calcado, el del también lituano Timinskas. En esta ocasión, el juez considera que la medida prescribió al terminar la temporada 2000-01, por lo que el jugador del Tau no puede disputar la Liga como comunitario.

Según estas sentencias, con diferentes interpretaciones ante casos casi gemelos, Karnisovas puede jugar como comunitario este fin de semana y Timinskas no. De hecho, el jugador del Barça mantendrá este derecho vigente hasta que una hipotética sentencia del Supremo o de un tribunal de lo Contencioso Administrativo se pronuncie en sentido contrario. En definitiva, un periodo que puede resultar más o menos largo. Timinskas, sin embargo, no puede siquiera intentarlo. Sus derechos desaparecieron al acabar la pasada temporada.

El asesor jurídico del Baskonia, Juanjo Seoane, aseguró que "en España hay ahora 16 deportistas en condiciones similares". "Todos ellos tienen detrás una sentencia o un auto de algún juzgado de lo social a su favor. Nueve son futbolistas, cinco juegan al balonmano y dos al baloncesto. Considerando que Karnisovas lo tiene más fácil, ahora mismo Timinskas se encuentra con que es el único que no puede jugar. El tema está, por lo tanto, 15 a 1. Yo no quiero hacer juicios de valor, simplemente constato hechos".

La Federación asegura que el juzgado de Barcelona no ha permitido, como sí ha hecho el de Vitoria, presentar alegaciones en contra de la decisión tomada.