LaLiga regatea el parón en el Congreso

El fútbol español ha jugado hoy un partido de gran importancia para los equipos y no lo hizo en el campo, sino en el Congreso de los Diputados. La comisión de deportes se reunió para terminar de cerrar el texto de la nueva Ley del Deporte, que tenía en pie de guerra a todos los clubes de Primera y Segunda. Afirman que su redacción les afectaba tanto que estaban dispuestos a parar la competición como medida de protesta. Ahora bien, la comisión aprobó algunas modificaciones en dos de las tres enmiendas que consideraban claves los equipos, aunque son con unos detalles de mínimos. Lo que permite a los clubes saborear una victoria con matices (e insuficiente para sus deseos iniciales) y permitirles no llevar a cabo la amenaza de parar.

El Gobierno ha cedido algunos puntos, pero para alcanzar un acuerdo de mínimos y salvar al fútbol de un parón. El PSOE y el PP apoyaron a última hora la petición de los clubes a que vuelvan a tener voz cuando la Federación quiere hacer un cambio en los estatutos que les afecte. Es decir, LaLiga deberá emitir un informe favorable para que se cambien dichas normas que les repercuta en aspectos fundamentales de la competición (como horarios o cambio de formato). Pero solo en puntos esenciales, no llegan a tener un poder de veto absoluto. Ahora bien, obtuvo una victoria a medias en uno de los puntos que más le importaban. Tebas logra que se introduzca los derechos audiovisuales recogidos en el Real Decreto 5/2015, ya que consideraban que de esa forma tendría algo más de seguridad jurídica en algún choque judicial.

En otra de sus grandes peleas no salieron triunfadores. Los derechos de comercialización siguen sin ser reconocidos y les obliga a mantener el pulso en el Senado, aunque el Gobierno no cederá ya que este punto está relacionado con el acuerdo del Plan Impulso, que está judicializado por Real Madrid, Barcelona, Athletic y RFEF. Esta situación les deja sin la total seguridad jurídica que buscaban para el contrato con CVC. También fue rechazada la famosa enmienda anti-Superliga. El resto de clubes quería obligar a Madrid y Barcelona a decidir en un futuro si querían jugar en España o en dicha competición supranacional. El Gobierno no cedió y lo puso como línea roja (junto a CVC) al encontrarse dicho asunto todavía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Esta enmienda puede tener efectos delictivos, no estamos a favor ni de unos ni de otros”, afirmó el PP para rechazar el apoyo al texto presentado por Compromís y Ciudadanos (y que fue rechazado) para reconocer la gran petición de los clubes de que LaLiga puede vender los derechos comerciales de la competición. Desde Junts, también negó su apoyo para respaldar la postura del Barcelona: “Esta enmienda pone en peligro al Barcelona. Tiene casi los mismo ingresos que antes del Real Decreto de venta colectiva mientras que el resto de equipos los han duplicado. Mientras Tebas ha multiplicado por diez su sueldo. Es una expropiación de los derechos de los clubes que no quieren vender de manera conjunta”. Y añadió: “Tebas no logró forzar al Barcelona para firmar con el fondo CVC. Ahora lo está intentado desde el Congreso”. En cambio, hubo otros partidos como Compromís que criticaron el comportamiento de los grandes: “Hemos tomado partido por los pequeños y los modestos. Por la afición. Hemos trabajado nuestras enmiendas teniendo en cuenta lo que quieren las aficiones. Una Liga de 2 o 3 es aburrida. Todos tienen que tener un mínimo de capacidad para poder competir. Algunos imponen el tamaño. Los grandes se imponen a los pequeños. Queremos garantizar la competencia y la igualdad. Es una enmienda a favor de todo el fútbol de España”.

La Federación no ha recibido todavía la redacción final de la Ley, pero reciben la noticia como muy satisfactoria. A falta de un estudio en profundidad del texto final, consideran que se han aprobado mayoritariamente los postulados que defendía la RFEF.