La RFEF aclara su respuesta a la Fiscalía sobre que veía incompatibilidad en el Caso Negreira

La Real Federación Española de Fútbol ya conocía en junio de 2022 que la Fiscalía estaba investigando a Enríquez Negreira y su relación con el Barcelona. Así lo ha desvelado El Confidencial, que ha tenido acceso a los documentos que acreditan que el Ministerio Público pidió a la RFEF información sobre el ex número 2 de los árbitros el 9 de junio de 2022, nueve meses antes de que el escándalo sacudiese al fútbol español.

Entre las cuestiones sobre las que se pedía aclaración era si Negreira existía el conflicto de intereses en el hecho de que el número 2 de los árbitros cobrara de un equipo sometido a la disciplina arbitral. La respuesta de la RFEF fue que no existía ningún tipo de incompatibilidad por razón de su cargo.

La fiscal del caso, Virginia Sánchez Prieto, formuló además cuestiones relativas a las funciones de Negreira en el CTA y los motivos de su cese en el cargo. La petición iba dirigida directamente a Luis Rubiales y fue despachada por un documento de un folio firmado por Luis Medina Cantalejo, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, que detalla que Negreira fue elegido para “ese cargo no retribuido” por Ángel María Villar (ex presidente de la RFEF) a petición de Sánchez Arminio (ex presidente del CTA).

Respecto a las funciones de Negreira explicaron que “dicho cargo no tiene una función ni obligación concreta definida. La función de vicepresidente no suponía una labor determinada, salvo la de mera representación del organismo, asistiendo a reuniones o seminarios de arbitraje organizados por el CTA, cuyos gastos derivados eran sufragados por este organismo”.

Comunicado de la RFEF

Ante la información publicada por El Confidencial, la RFEF ha emitido un comunicado en el que se justifica asegurando que “nadie sabía que la investigación podía versar sobre la relación mercantil de alguna empresa perteneciente al ex árbitro José María Enríquez Negreira con un club de fútbol”. “La Fiscalía traslada una serie de preguntas a la RFEF sin informar qué tipo de investigación está llevando a cabo. La RFEF responde a las cuestiones planteadas de acuerdo con el marco reglamentario vigente previo a 2018, y por tanto anterior a la entrada de la nueva administración, puesto que las preguntas se refieren a ese periodo. La RFEF nunca fue informada de que se trataba de una investigación en el contexto de un club de fútbol ni sobre pagos de un tercero a una empresa del Sr. Enríquez Negreira.”, sostiene. Asimismo, afirma también que desde la Federación ya se habían referido públicamente, en boca de Andreu Camps, a la consulta que le había llegado desde la Fiscalía. Hizo alusión a la misma el pasado 2 de marzo en la rueda de prensa conjunta con Luis Medina Cantalejo, donde Camps también reconoció que la Agencia Tributaria había hecho un requerimiento sobre Negreira a la RFEF en octubre de 2022 a cuenta de cuestiones fiscales.

Además, la RFEF se extiende en sus explicaciones y diferencia entre “incompatibilidades” y “conflicto de interés”: “En la etapa en la que Enríquez Negreira era vicepresidente del CTA, los árbitros no eran profesionales y todos ellos tenían una asignación por arbitrar y la posibilidad de ostentar un empleo fuera del arbitraje. Del mismo modo ocurría con el Sr. Negreira, cuyo puesto no era retribuido ni generaba dedicación exclusiva y que, por tanto, podía desarrollar empleos o cargos fuera de la RFEF, obviamente, con los límites que marcan tanto los reglamentos como la Ley. La Fiscalía plantea esta cuestión de forma genérica solicitando información sobre “incompatibilidades” -término que alude a la “imposibilidad legal de una persona para ejercer dos o más cargos a la vez”-. En ese sentido, el Sr. Negreira no tenía incompatibilidad al no tener vinculación laboral alguna con la RFEF. No debe confundirse la incompatibilidad legal con el concepto de conflicto de intereses. De haber conocido la actividad desarrollada por el Sr. Negreira revelada por la Fiscalía en fechas recientes, se hubiera podido afirmar que existía un claro conflicto de interés, contrario a las normas éticas de la RFEF”. Por último, recuerda que “el actual equipo directivo de la RFEF implantó, desde el mismo momento de su llegada, un régimen de incompatibilidades normativas que se añadieron a la lista de conflictos de interés previstos en el código ético”.