Bartomeu no se atrevió a sancionar a Piqué

Las informaciones del diario ‘El Mundo’ respecto a las negociaciones -casi exigencias- entre Messi y el FC Barcelona ofrecieron hoy su segundo capítulo del serial que se ha dado en denominar ‘Barçaleaks’. En esta segunda entrega el protagonista es Gerard Piqué, del que se detalla su fabuloso contrato de 142 millones brutos durante cinco temporadas, pero lo más llamativo es ver como la junta de Josep Maria Bartomeu no se atreve a sancionar a Piqué por la producción del documental para Movistar sobre el fallido fichaje de Antoine Griezmann a pesar de que un informe interno acusa al central de causar un “gravísimo perjuicio al club”.

Hay que recordar que estas revelaciones provienen de la filtración de miles de documentos que estaban en los ordenadores que fueron requisados judicialmente en el curso de la causa ‘Barçagate’, que aún está bajo secreto de sumario y a los que ‘El Mundo’ ha accedido, revelando las partes que no hacen referencia a esa denuncia en particular.

En junio de 2018, Gerard Piqué, mediante su empresa Kosmos produjo para Movistar un documental sobre la negociación entre el Barcelona y el futbolista del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann. Se tituló ‘La decisión’ y acabó fatal para los intereses del Barça. En el documental, casi en plan reality, Griezmann aseguraba que se quedaba en el Atlético y al disgusto de la decisión le siguió la indignación de ver como quedaban retratados los dirigentes del Barcelona. Con el añadido,, de que uno de sus empleados mejor pagados -Gerard Piqué- sacaba tajada de la circunstancia.

Josep Maria Bartomeu encargó a los Servicios Jurídicos del Club un informe que concluyó que “Gerard Piqué antepuso sus intereses a los del club”; “faltó el respeto” y “creó un conflicto de intereses” a una entidad, que, a raíz del documental, quedaba claro que había negociado con un jugador que tenía contrato en vigor.

Ante estos hechos, el informe planteaba la posibilidad de imponer a Piqué “una sanción de un 25% del salario de un mes”. Cantidad que ascendería a los 300.000 euros.

A pesar de que el informe de los servicios jurídicos fundamentaba la sanción en el incumplimiento de dos cláusulas de su contrato (actuar en contra de los intereses del club y faltar el respeto al FC Barcelona, presidente y resto de directivos) un segundo informe interno dejó esta sanción en agua de borrajas.

En ese segundo informe se advertía del peligro de la sanción debido a “la alta presión mediática” y la cercanía de un proceso electoral. Ante todo esto y a pesar del enfado de la junta y del presidente en especial, la Comisión de Ética dirigida por Maria Teixidó, finalmente no actuó contra el jugador que seis meses antes había convertido en el central mejor pagado del mundo. La relación ya estaba rota.