FEDERACIÓN
La Junta Electoral no responde a los requerimientos de Eva Parera y Galán
El presidente de CENAFE solicita al CSD que intervenga en el proceso: “La dejadez de funciones de la Comisión el pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa”.
Los aspirantes a presidir la Federación Española de Fútbol tienen de plazo hasta este jueves para conseguir los 21 avales necesarios que les eleven a la categoría de candidatos. Eva Parera es una de las personas que trabaja en la búsqueda de apoyos dentro de los asambleístas. Una vez abierto el proceso electoral, la precandidata envió una carta a la Comisión Electoral “para solicitar el contacto (mediante email) de los miembros con derecho a voto que conforman la asamblea”, con el fin de “cumplimentar debidamente la petición de avales con el fin de formalizar mi candidatura”. Han pasado varios desde que envió la petición, pero a falta de tres días para que expire el plazo la Junta Electoral todavía ha respondido a su requerimiento. No es a la única que no responde, a Miguel Ángel Galán, presidente de Centro Nacional de Entrenadores CENAFE, tampoco le dan acuse de recibo de sus recursos contra las elecciones y contra los miembros de la junta. Lo que le ha llevado a solicitar al Consejo Superior de Deportes su intervención.
Eva Parera explica en su misiva que es “indispensable” para su candidatura “poder contactar con los asambleístas con derecho a voto para poder hacerles llegar el aval a mi candidatura para el supuesto que estos quisieran firmarla”. La abogada barcelonesa advierte en su escrito a la Comisión Electoral de la posible “vulneración de mi derecho a a competir en igualdad de condiciones con aquellos precandidatos que forma parte de la estructura de la RFEF”.
Galán pide al CSD que tutele las elecciones
Miguel Ángel Galán es otro de los que denuncia el silencio de la Junta Electoral. Ha dicha comisión le ha remitido dos denuncias. La primera para impugnar el procedimiento al considerar que antes se debería convocar elecciones parciales a la Asamblea ya que unos 40 miembros habrían perdido ya la condición para ejercer dicha función. Además, también ha recusado a dos de los miembros de la Junta Electoral, cuyos nombres salen en el informe de la Guardia Civil en la Operación Brody. La UCO refleja sobre Tomás González Cueto, hace hasta unas semanas asesor jurídico de la Federación hasta su detención, que en las llamadas telefónicas se “evidencia el control que tiene sobre el futuro resultado electoral al poder colocar en la Comisión Electoral a personas que, sin que puedan ser vinculadas a ellos directamente, cumplan con sus directrices”.
Por dichos silencios de la Junta Electoral, Galán ha enviado una carta al Consejo Superior de Deportes, con copia al Tribunal Administrativo del Deporte, denunciando la situación y pidiendo que intervengan. Una misiva a la que ha tenido acceso AS: “Como era de esperar las elecciones a la presidencia de la RFEF están muy lejos de ser limpias y transparentes si no tutelan a la comisión electoral actual (Ignacio Prendes y María Luis Castelo) que, según conversaciones de Tomas González Cueto intervenidas por la UCO, ‘en las anteriores elecciones lo hicieron de cine, aceptaron todos nuestros borradores’”. Y prosigue: “A todos mis escritos de recurso y peticiones hacen caso omiso y no me remiten el presente acuse de recibo, cómo si yo hago con ellos cuando me comunican alguna decisión. Igualmente hacen caso omiso a las peticiones de la candidata Eva Parera y yo mismo ante peticiones del censo de la Asamblea”.
Por estos motivos, Galán solicita a Uribes, secretario de Estado para el Deporte, que tome medidas para asegurar el proceso: “La transparencia e independencia de la Comisión Electoral brilla por su ausencia, no sabemos si los servicios jurídicos de la RFEF o Secretaría General le indica cómo proceder, cosa que sería menoscabar la independencia de dicha comisión electoral. Hay que recordar a los efectos penales correspondientes, que las elecciones a la RFEF son funciones públicas delegadas y el no actuar con independencia e imparcialidad pudiera ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa. Por lo expuesto, solicito su intervención y tutela ante la dejadez de funciones de la Comisión Electoral”.
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