La instructora propone inhabilitar a Rocha por seis años

La instructora nombrada por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) para estudiar el expediente abierto por este órgano a Pedro Rocha, actual presidente de la Federación Española de Fútbol, considera que cometió tres infracciones muy graves al extralimitarse en sus funciones mientras ejerció como presidente de la comisión gestora del órgano federativo y propone su inhabilitación por seis años: dos por cesar al secretario general, Andreu Camps, sin tener capacidad para hacerlo; otros dos por rescindir el contrato con el asesor legal externo Tomás González Cueto, por la misma razón, y dos más por personar a la Federación como acusación particular en el Caso Rubiales que instruye el Juzgado número 4 de Majadahonda. Ahora se abre un periodo de alegaciones tras el que el TAD deberá ahora ratificar o rectificar esta propuesta de resolución. En caso de inhabilitación, Rocha no podría presentarse a las elecciones federativas que se celebran en otoño.

Hace casi tres meses, el Consejo Superior de Deportes trasladó al TAD una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), contra Pedro Rocha por extralimitarse en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, cargo que ocupaba tras la inhabilitación de su antecesor. Durante meses, el CSD valoró la suspensión cautelar de Rocha hasta un pronunciamiento del TAD, pero finalmente su comisión directiva decidió no hacerlo.

En la denuncia de Galán, a Rocha se le acusaba de incumplir reglamentos electorales y acuerdos de la asamblea general y de tomar decisiones que quedaban fuera de su competencia, entre ellas convocar la asamblea general del 21 de diciembre de 2023 en la que se aprobaron su salario y los presupuestos; el despido del seleccionador femenino, Ángel Vilda, y el nombramiento de su sucesora, Montse Tomé; la renovación de Luis de la Fuente; el despido de Andreu Camps como secretario general de la RFEF; la retirada de la demanda de la RFEF contra la Liga por el acuerdo de esta con CVC; la adjudicación del VAR a Mediapro; el expediente abierto a varios empleados federativos; la rescisión del contrato con el asesor legal federativo Tomás González Cueto y la personación de la RFEF como acusación particular en el Caso Rubiales, que instruye el Juzgado número 4 de Majadahonda.

Interés general y razones de urgencia

La instructora considera que la prórroga del contrato de De la Fuente se adoptó por una cuestión de “interés general” y no ve infracción en el acuerdo. De igual manera, exonera a Rocha de la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra la Liga al entender que se adoptó “por razones de urgencia”. Respecto a la adjudicación del VAR a Mediapro, se entiende que no fue decidida por la gestora.

En cambio, sobre el cese de Camps o la rescisión del contrato con González Cueto, la instructora precisa que debió ser la comisión gestora y no Rocha de manera individual quien tomase la decisión. Al considerar probado que el presidente interino no sometió el caso a deliberación alguna y que se extralimitó en sus funciones, propone dos sanciones de inhabilitación de dos años cada una. Igualmente solicitauna tercera suspensión de dos años por la personación de la RFEF en la causa judicial contra Rubiales. Rocha alegó que consultó la decisión a la gestora, pero no consta que fuera así en el acta de la reunión en la que presuntamente se trató el asunto.

En el escrito remitido al TAD, quedan exonerados de toda responsabilidad todos los miembros de la comisión gestora de la RFEF.

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