La Federación cree que actuó siguiendo las órdenes del CSD
Miembros del Ejecutivo exigieron hace meses a la Federación la adopción de medidas por las que ahora podrían ser inhabilitados por el Consejo Superior de Deportes.
El Consejo Superior de Deportes está estudiando la suspensión cautelar de Pedro Rocha y la Comisión Gestora de la Federación Española de Fútbol, tras la apertura de un expediente por infracciones muy graves abierto por el Tribunal Administrativo del Deporte. Esta decisión ha causado gran sorpresa en el seno de la RFEF, puesto que en los argumentos en los que se basa el proceso son medidas reclamadas en su momento por miembros del Gobierno, mientras que la no celebración de elecciones el año pasado fue avalada por Víctor Francos, presidente del CSD en aquel instante.
En la sede de la Federación se entiende que tanto como Rocha como la Comisión Gestora sólo han seguido la hoja de ruta marcada por el Gobierno de España a raíz del escándalo protagonizado por el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial. Irene Montero, ministra de Igualdad en aquel instante, afirmó, públicamente, en una entrevista al programa Hoy por Hoy de la SER que toda la sociedad está pidiendo una respuesta ejemplar” y añadió que existe “una demanda social de cambios profundos y respaldo a las jugadoras”. En la misma línea se manifestó la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien aseguró que Jorge Vilda y Luis De la Fuente “no están capacitados” para seguir en sus puestos, tras aplaudir a Luis Rubiales en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el pasado 25 de agosto. Después de esas declaraciones públicas de ambas ministras y otros representantes de la clase política española, la RFEF procedió llevar a cabo esa “regeneración” que se exigía desde el Poder Ejecutivo, con los despidos del exsecretario general del ente federativo, Andreu Camps, al exseleccionador femenino Jorge Vilda, la rescisión de contrato como comisionado de control externo de Tomás González Cueto, así como la adopción de medidas disciplinarias con otros directores de departamento de la RFEF.
Otras medidas por las que se ha abierto expediente a Pedro Rocha y a la Comisión Electoral han sido adoptadas para mantener el normal funcionamiento de la RFEF, así como en la búsqueda de una equiparación entre las dos Selecciones absolutas de fútbol. De ahí, la ejecución de la cláusula de renovación de Luis De la Fuente, puesto que, en caso de no realizarla, se podría dar la rocambolesca situación de que España se quedara sin seleccionador en plena disputa de la Eurocopa. La Comisión Gestora también se vio en la necesidad de cubrir la vacante dejada por la destitución de Jorge Vilda, otorgándole a Montse Tomé el puesto de seleccionadora, ante el importante reto de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Además, la RFEF fichó a Markel Zubizarreta para dotar a la Selección femenina de un director deportivo e igualarla, en ese sentido, a la Selección masculina.
En cuanto a la no celebración de elecciones tras la inhabilitación de Luis Rubiales, esta decisión contó con el visto bueno del expresidente del CSD, Víctor Francos, quien en repetidas ocasiones se mostró a favor de convocar los comicios en el primer cuatrimestre de 2024, como así ha ocurrido. “Hemos tenido una solicitud formal de la RFEF de poder realizar las nuevas elecciones en el primer cuatrimestre del 2024 y los vamos a autorizar”, declaró Víctor Francos el 23 de septiembre de 2024.
La Comisión Gestora también ha sido expedientada por retirar la demanda de la RFEF contra LaLiga por el acuerdo de esta última con CVC. Esa medida formó parte de la política de pacificación del fútbol español impuesta por Pedro Rocha durante su presidencia interina y reclamada también por la clase política. El análisis de las responsabilidades disciplinarias en las que hayan podido incurrir empleados de la Federación, así como la personación de la institución en la causa judicial del Caso Brody, formaron parte del compromiso de la Comisión Gestora con la sociedad y el Gobierno en la búsqueda de la integridad y limpieza de la RFEF. Por último, el CSD también está estudiando la supuesta extralimitación de funciones de la Federación en las adjudicaciones del VAR y de la tecnología de detección de semiautomática del fuera de juego.
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