El TSJCV condena a Parodi y Botella a penas de prisión por el ‘caso Abde’
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat revoca la sentencia dictada por la Audiencia de Alicante, según Radio Alicante.


Nuevo contratiempo para el Hércules. Según ha adelantado Radio Alicante, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) condena con penas de prisión a Carlos Parodi, presidente del Hércules, y a Valentín Botella, vicepresidente, por el ‘caso Abde’.
El TSJCV ha revocado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante, que el pasado mes de marzo absolvió a los dirigentes del Hércules por un supuesto alzamiento de vienes. Casi un año después, el TSJCV ha revocado la sentencia y condena con penas de prisión a Botella y Parodi.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Alicante, el TSJCV “condena al presidente del Hércules CF, Carlos Parodi, a dos años y seis meses de prisión y a Valentín Botella, vicepresidente de la Fundación Hércules CF y a José Francisco Javier León Barahona, consejero de la Fundación, ambos, a un año y siete meses de prisión, por un ”delito de alzamiento de bienes”, que tuvo que ver con el desvío de los 2 millones de euros que pagó el Barcelona por Abde en 2021.
“La Sala de lo Civil y Penal ha estimado así los recursos de apelación que en su momento presentaron el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) y Herculanos Asociación de Simpatizantes del Hércules CF contra la sentencia de 11 de marzo que dictó la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Alicante”, argumenta la Ser.
El TSJCV “concluye que la maniobra tuvo un ánimo claro de impedir la eficacia de los embargos, consumándose el delito el mismo día del endoso, el 31 de agosto de 2021”, y subraya que los pagos efectuados posteriormente “no pueden considerarse deudas ‘realmente existentes’ en el momento de la infracción”, afirma la Ser.
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Además, la sentencia de la sala condena al Hércules CF y su Fundación como personas jurídicas a multas y a tres años de inhabilitación para recibir subvenciones, contratar con la administración o beneficiarse de incentivos fiscales. Los condenados pueden recurrir ante el Tribunal Supremo.
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