El CSD apoyará a las árbitras en su profesionalización

La guerra del fútbol femenino continúa abierta y parece no tener fin. Después de que el Consejo Superior de Deportes interviniese para resolver varias cuestiones referidas a la máxima competición femenina este verano (como el número de extracomunitarias, descensos...), el organismo presidido por José Manuel Franco vuelve a resolver varios puntos de conflicto entre LPFF y RFEF y muestra su respaldo al colectivo arbitral.

“El presidente ha hecho saber al colectivo de árbitras que, evidentemente, van a contar con todo el respaldo del CSD para mejorar sus condiciones actuales, aumentar su salario y ser reconocidas profesionalmente. El Consejo celebrará reuniones entre las partes desde la próxima semana para impulsar una negociación que cumpla esos objetivos”, informan fuentes del ente público.

Además, el organismo presidido por Franco ha firmado una resolución que resuelve un buen puñado de cuestiones que mantenían en puntos alejados a la Liga F y a la Federación. El CSD determina que la facultad para dictar las normas reguladoras de la competición corresponde al ente que preside Luis Rubiales, mientras que la titularidad la ejerce la liga femenina “en coordinación” con la propia Federación. “No se puede plantear el debate en términos de si el ‘jefe’ de la liga es una parte o la contraria: ambas partes deben ser conscientes de que ese poder lo otorga su coordinación”, indican.

Además, también se aclara que quien ostenta las competencias de alineación, suplencias y sustituciones es la es la federación mientras que la Liga F explota los derechos comerciales, establece la uniformidad de los equipos, maneja la publicidad y negocia el balón. Ahora bien, la resolución fija que, por publicidad y por balón, la institución presidida por Álvarez Mesa deberá abonar cantidades a fijar en el futuro convenio de coordinación a la RFEF que impacten en el futbol base y el resto de categorías por estos.

Por último, la resolución del CSD recoge que LPFF y Federación deberán entenderse, a través del convenio, en cuanto a la inscripción de los equipos, homenajes, causas de fuerza mayor como la que impuso la COVID-19 o el formato de la propia competición.

Así comenzó la crisis que mantiene el inicio de la Liga F en el aire

“Las árbitras y árbitras asistentes de Primera División Femenina deseamos comunicar nuestra decisión unánime de no dirigir ningún encuentro del Campeonato Nacional de la Primera División en las condiciones actuales de indefinición de nuestra situación laboral y económica”, decía el comunicado lanzado, a través de la web de la RFEF de la que forma parte el Comité Técnico de Árbitros.

Y es que, según publicó Telemadrid en abril, de los 3.300 euros pagaban por partido en el recibo arbitral la temporada pasada, las colegiadas ingresaban 300 euros (las principales), 172 las asistentes y 80 la cuarta árbitra. Esta cantidad y la ausencia de una relación laboral garantista para las árbitras es la que está poniendo en jaque el inicio liguero.

Desde la LPFF defienden que hace dos días trasladaron una oferta en la que las árbitras multiplicarían por cuatro sus ingresos: 1.650 euros por partido para la principal y 825 para asistentes. Una propuesta que “no ha tenido respuesta”.

Sin embargo, desde el CTA la postura es la de que la oferta llega muy tarde, no incluía a las cuartas árbitras y no cumple con las garantías que exigen las árbitras, ya que no es cuestión de dinero. Las colegiadas quieren tener un contrato laboral, cotizar a la seguridad social, su correspondiente derecho a baja... Algo que con la oferta de la LPFF la RFEF, que sería con la entidad con la que tendrían la relación laboral, no pueden cumplir. Su estimación sería de unos 21.000 euros (gastos de gestión, sueldo, seguridad social...)

Después de la resolución del CSD y su respaldo y compromiso con la profesionalización de las árbitras, falta saber si para el colectivo es suficiente y arbitrarán la jornada 1 de la Liga F o no.