La ausencia de cuatro testigos aplaza el juicio por estafa a deportistas

La Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado hasta el jueves el juicio a cuatro acusados de estafar seis millones de euros a cerca de una treintena de deportistas, que se iba a celebrar este martes, para poder localizar a ocho futbolistas que están citados como testigos.

La magistrada ha accedido a la petición de aplazamiento de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que consideran que la ausencia de los testigos les dejaba en condiciones de indefensión. Ambas partes también han alegado que necesitaban tiempo para estudiar una nueva prueba pericial presentada por uno de los abogados de la defensa 24 horas antes del inicio de la vista.

La fiscal ha alegado para pedir el aplazamiento que solo se había podido citar a nueve de los 17 testigos, entre futbolistas y sus representantes, ante la dificultad de localizarles a todos, pues residen fuera de España, y ha reclamado seguir intentándolo. Según Voz Pópuli, los deportistas son Jorge Miguel Oliveira Ribeiro, Marius Stankevicius, Antonio Eduardo Salvio y Vinicius Vasconcelos Araujo.

En la misma línea se ha manifestado la abogada del Estado, que ha reiterado su "extremado" interés en que se celebre el juicio, pero no en las "condiciones de indefensión" en las que les deja la ausencia de los testigos, por lo que ha solicitado que se aplace el juicio hasta que sean localizados.

Pese a la negativa de los letrados de la acusación y la defensa, la presidenta de la Sala ha aplazado el juicio con el fin de realizarlas gestiones pertinentes para localizar a los testigos propuestos, pero ha anunciado que de los que se encuentren en paradero desconocido se prescindirá de su testimonio.

La fiscal relata en su escrito de acusación que los cuatro acusados, una de ellas una jefa de Dependencia Adjunta de Asistencia de la Agencia Tributaria, estafaron 6.281.079 euros a más de 30 jugadores de fútbol y baloncesto entre febrero de 2015 y noviembre de 2016.

Por ello, les imputa delitos continuados de estafa, falsedad en documento público oficial y mercantil, aprovechamiento de información privilegiada obtenida por funcionario público y utilización por funcionario de información privilegiada por razón de su cargo, por los que solicita penas de nueve años de prisión.

Los acusados usaron dos sociedades para solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas a las que tenían derecho los deportistas, siempre según el Ministerio Público.

Concretamente se trataba de la diferencia existente entre las retenciones del impuesto sobre las rentas de las personas físicas (IRPF) soportadas por los jugadores en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que les correspondía ingresar como no residentes por el impuesto sobre las rentas de no residentes (IRNR).