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TENERIFE

Fiscalía investiga presuntas irregularidades con la Ciudad Deportiva del Tenerife

Tanto el Tenerife como el Cabildo Insular, ambos implicados por una venta realizada en 2012, se ponen a disposición de las autoridades.

Fiscalía investiga presuntas irregularidades con la Ciudad Deportiva del Tenerife
JUAN GARCIA CRUZDIARIO AS

El Tenerife vuelve a estar envuelto en una polémica. En este caso, una investigación de MirameTV ha destapado presuntas irregularidades cometidas en la compraventa de unos terrenos anexos a la Ciudad Deportiva del club. Sin embargo, en un comunicado oficial, la entidad ha defendido aquel accionar, producido hace más de siete años.

En el primer punto apuntan que en todas las operaciones inmobiliarias en las que se ha participado "ha cumplido escrupulosamente sus obligaciones legales, y ha actuado siempre con total respeto por el ordenamiento jurídico y el interés público". Además, informó que hasta la fecha "no ha tenido conocimiento de que ninguna autoridad del Cabildo Insular de Tenerife instruyera un expediente en el que se investigara operaciones en las que el Club Deportivo Tenerife hubiera participado, por lo que en el ámbito administrativo se ha privado al club de su derecho de audiencia y se le ha provocado indefensión".

Además, asegura el escrito que el club se pone a disposición de la Fiscalía y de las autoridades contables competentes para proporcionar cualquier información de la que disponga sobre su intervención en las operaciones a las que se refiere la denuncia presentada por la Intervención del Cabildo.

Por su parte, el Cabildo Insular, otra de las partes implicadas, también se manifestó públicamente a través de su presidente Pedro Martín quien se puso a disposición de la Fiscalía para aclarar toda esta situación.

Los hechos que se están investigando se remontan al 2012, cuando el Cabildo compró los terrenos ubicados en el barrio de Geneto por 18,9 millones de euros, precio que se incrementó un 524% por encima del valor de mercado tras una tasación. En su denuncia, el interventor general del Cabildo aprecia posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y administración desleal.