Las Palmas
Las Palmas, aval de Ramírez ante el juez
Según adelanta la SER, el presidente del club pondrá a disposición judicial su acciones en el club para avalar la fianza de 50 millones que pesa sobre él.
Los encontronazos judiciales de Miguel Ángel Ramírez, presidente y máximo accionista de la Unión Deportiva Las Palmas, comienzan a pesar sobre el club. En el último episodio de un serial que no cesa, SER Las Palmas adelanta que, según el escrito de defensa del propio MÁR, al que la emisora ha tenido acceso, el también empresario ofrece el 63% de las acciones que posee en el club para hacer frente a una parte importante de dicha fianza.
Ramírez cubre sus acciones en Las Palmas a través de Sport Trade Cabiltal S.L. Como señala el escrito de la defensa, Ramírez habría cubierto ya 3.251.950 euros, aportando el resto a través de dicha Sociedad. Según la SER, se “advierte de que únicamente consta un 55,2% de participación puesto que fue el pasado 19 de octubre cuando aumentó esta hasta el 63%”.
Se insiste, además, que dicho porcentaje de acciones cubre con holgura la fianza solicitada por el juez Arcadio Díaz Tejera. También según la citada información, “el patrimonio neto de dicha entidad deportiva según las cuentas aprobadas y auditadas en el ejercicio 2016/2017 ascendía a la cantidad de 22.128.203 euros, incrementándose a fecha de 30 de junio de 2019 a la cantidad de 34.636.537 euros”.
Antecedentes.
Los hechos, como ha venido informando puntualmente Diario AS, se remontan al año 2010, cuando Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, al frente de Seguridad Integral Canaria, defraudaron presuntamente una cifra aproximada de 37 millones de euros camuflando como dietas, exentas de tributación, el pago de las horas extras sus empleados.
Fianza a un lado, la Fiscalía pide para MÁR 21,5 años de cárcel y una multa de 105 millones de euros por ese fraude a la Seguridad Social y Hacienda entre 2012 y 2017 a través de SIC. Mientras, para de Armas se solicita 14 años de prisión y 79,32 millones de multa. Ramírez siempre defendió su inocencia alegando que, desde 2011, cuando Héctor de Armas pasó a ser el administrador único de SIC, no tenía responsabilidades en la empresa.
Sin embargo, el Ministerio Fiscal lo consideró como una mera simulación, pues entiende que seguía al corriente de todo, tomando por supuesto importantes decisiones, como propietario del 91% de la citada compañía.
