El Lleida garantiza la seguridad de sus trabajadores y jugadores
Dice que no ha recibido ninguna notificación de la RFEF y amenaza con emprender acciones legales de carácter civil, contencioso-administrativo y penal.
El Lleida no se da por vencido y está dispuesto a llegar hasta el final para garantizar sus derechos. Después de que la entidad del Segrià haya adquirido un centenar de test para detectar rápidamente el Covid-19 y enviar una instancia a la RFEF y al CSD con la intención de adherirse al protocolo básico de actuación para el regreso a los entrenamientos ahora ha tratado de dar un paso más y ha emitido un comunicado este lunes en el que deja claro que puede garantizar la salud de sus trabajadores y jugadores porque “el club cumple con todos los requisitos marcados por el CSD en esta situación sanitaria con la incorporación de los recursos humanos y la elaboración de los protocolos necesarios”.
Pero hay más y es que el Lleida dice que no ha recibido ninguna notificación desde la Real Federación Española de Fútbol “más allá de las publicaciones en su web oficial en fechas del 6 y 8 de mayo acordando la no reanudación de las competiciones de fútbol de Segunda B y Tercera”. El club del Segrià defiende que siempre ha mantenido una “postura clara, definida y firme” y entiende que pueden defender la reanudación de las competiciones cuando se pueda. Además, ha querido dejar claro que sus servicios jurídicos están estudiando las publicaciones de la RFEF y que se “oponen a la decisión unilateral de poner punto y final a la competición de forma parcial: solo jugarán en tiempo y forma quienes consideren oportuno y con nuevas reglas”. El Lleida, que es quinto, no está de acuerdo con resolver los ascensos de categoría con un playoff exprés entre los cuatro primeros clasificados.
Por último, tal y como ha confesado en más de una ocasión el presidente, Albert Esteve, reivindican el derecho de trabajar de todos sus jugadores, cuerpo técnico y empleados. Consideran que las resoluciones de la RFEF podrían ser “contradictorias con el ordenamiento jurídico y se contempla iniciar acciones legales de carácter civil, contencioso-administrativo y penal”.