Miguel Galán denuncia a Irene Lozano por prevaricación y pide suspender las elecciones a la RFEF

El director de la escuela de entrenadores CENAFE, Miguel Galán, ha presentado este lunes en los juzgados de Plaza Castilla una denuncia contra la secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del CSD, Irene Lozano, por presunta prevaricación administrativa en el proceso electoral a la Federación Española de Fútbol. Galán, que ya hizo amago de presentarse a las elecciones contra Villar hace años, al que llevó a los tribunales varias veces con sus querellas, y que ahora hará campaña en favor de Casillas, entiende que el CSD ha beneficiado a la RFEF con el adelanto electoral que pretendía Luis Rubiales pese a los informes negativos del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Por todo ello, Galán, que también es presidente de Transparencia y Democracia en el deporte (TyD), asociación creada para denunciar supuestos casos irregulares, solicita también la medida cautelar inaudita parte, y concretamente la suspensión de la resolución del adelanto electoral.

Galán recuerda en su denuncia como, según él, se han producido los hechos: “El 21 de enero de 2020, el TAD, a petición del CSD, emitió un informe negativo sobre la pretendida solicitud de adelanto de elecciones una vez que la RFEF había solicitado esta medida el 17 de diciembre de 2019. El 5 de febrero de 2020 la RFEF solicitó por segunda vez al CSD el adelanto electoral. El 17 de febrero de 2020, Ramón Barba Sánchez fue cesado como subdirector del Régimen Jurídico del CSD, después de que se mostrara contrario al adelanto. El 25 de febrero del 2020, el CSD realizó una renovación del TAD, en contra de la opinión de los sustituidos que lo impugnan en el contencioso administrativo. El 27 de febrero, el CSD solicita un nuevo informe al TAD, después de haber consultado a la abogacía del Estado. El 6 de marzo de 2020, el TAD, vuelve a informar negativamente contra el adelanto electoral. Y el 7 el CSD autoriza el adelanto a pesar de que el TAD se ha pronunciado negativamente hasta en dos ocasiones”

Según la denuncia, “la Resolución formulada por la presidenta del CSD no es ajustada a derecho y son constitutivos de un presunto delito de prevaricación tipificado y penado en el artículo 404 del Código Penal”. Este artículo dice que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a 10 años. Galán, en su texto de denuncia critica que no se ha modificado ni el Reglamento Electoral ni los Estatutos de la RFEF, asegura que el adelanto de las elecciones al primer semestre “no está justificado” y llega a reproducir unas declaraciones del presidente de la LaLiga, Javier Tebas, en las que afirma que la resolución de la presidenta del CSD no se ajusta a derecho. Todo ello, según el denunciante, incumple la orden ministerial por parte de la presidenta del CSD sobre la modificación del reglamento electoral.

La denuncia pide la práctica de las oportunas diligencias a fin de determinar las responsabilidades penales y civiles en que hayan podido incurrir, solicita que se requiera al TAD, al CSD y a la Abogacía del estado, para que remitan a la mayor brevedad posibles las resoluciones integras y originales sobre el expediente aludido en la presente denuncia y, además, pide la testifical en calidad de investigada de Irene Lozano y a los testigos Julián Espartero, presidente del TAD, Ramón Barba, ex - Subdirector de Régimen Jurídico CSD, Luis Rubiales, presidente de la RFEF, Iker Casillas, candidato a la RFEF, y Javier Tebas.

La semana que viene, segunda denuncia

Los movimientos de Galán, azote de la RFEF en los últimos años debido a los enfrentamientos que tiene su empresa con la institución federativa a raíz de los títulos de entrenadores, seguirán la semana que viene. Será entonces cuando denuncie o incluso interponga una querella a Irene Lozano y Julián Espartero, presidente del TAD, por la no publicación de las resoluciones que ponen fin a los procedimiento de todo 2019 en base al artículo 8.3 del Real Decreto 53/2014, de 31 de enero: “Las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte serán públicas, respetando el derecho al honor y la intimidad de las personas, con observancia de la adecuada protección de datos de carácter personal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter personal. A tal efecto, se insertarán en la sede electrónica del Consejo Superior de Deportes, así como en la de la Agencia Española de Protección de la Salud del Deportista”.