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BARCELONA

Rosell denuncia diferencia de trato respecto a Pujol o Villar

"Rosell ha ido viendo desfilar gente imputada en la Audiencia Nacional por hechos muchísimo más graves y por delitos públicos", declaró su abogado.

Sandro Rosell, a su llegada a la Audiencia Nacional.
Javier LizónEFE

El abogado Andrés Maluenda ha denunciado hoy en el juicio diferencia de trato procesal con el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, que estuvo casi dos años preso preventivo por supuesto blanqueo de capitales, respecto a imputados como Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González o Angel María Villar.

La Audiencia Nacional ha dejado hoy visto para sentencia el juicio de Sandro Rosell, su socio el gestor andorrano Joan Besolí, su esposa, Marta Pineda, y tres presuntos testaferros para quienes el fiscal ha pedido penas de entre un año y medio y seis años de prisión por supuestos delitos de blanqueo de capitales y grupo criminal.

La Fiscalía estima que los acusados, encabezados por Rosell, formaban un grupo que blanqueó casi 20 millones de euros -de los que el expresidente del FC Barcelona se habría quedado presuntamente 6,5 millones- de comisiones supuestamente recibidas por el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ricardo Teixeira.

El fiscal vincula esas comisiones a dos contratos en los que Rosell intermedió, uno firmado en 2006, por el que la CBF cedía los derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la selección de Brasil a una televisión de Arabia Saudí, y otro dos años más tarde de esponsorización con Nike.

Por su parte los abogados defensores han pedido la absolución de todos los acusados por estimar que no se han probado las acusaciones del fiscal.

Además el letrado Andrés Maluenda ha denunciado la diferencia de trato procesal sufrido por Rosell y Besolí, que se enfrentan a las mayores peticiones de pena del fiscal, de seis y cinco años de cárcel, respectivamente, que estuvieron casi dos años en prisión provisional y que quedaron en libertad sin cargos ya durante el juicio cuando habían declarado los acusados.

En este sentido ha recordado que "Rosell y Besolí, que primero estuvieron en prisión preventiva en Soto del Real (Madrid), luego en el centro penitenciario Brians en Barcelona y después otra vez en Soto del Real, han ido viendo desfilar gente imputada en esta casa (la Audiencia Nacional) por hechos muchísimo más graves y por delitos públicos".

"Así han visto como Jordi Pujol Ferrusola -hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña- entraba y salía con una fianza de 500.000 euros; Ignacio González -expresidente de la Comunidad de Madrid- investigado por corrupción pública, de 400.000 euros, y Rosalía Iglesias -esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas-, de 200.000 euros", ha señalado.

Y ha añadido que el expresidente de la Federación Española de Fútbol Angel María Villar, "que es el caso más parecido, salió a los quince días con una fianza de 300.000 euros, mientas que Rosell y Besolí han estado 21 meses".

"La tesis del fiscal no tiene soporte probatorio alguno y la prueba más evidente es la diferencia de trato que hemos percibido antes del juicio y después del juicio por terceras personas", ha comentado Maluenda.

Al respecto ha dicho que "antes del juicio Rosell era una persona capaz de cometer cualquier delito, y en las redes sociales, en los periódicos, en los medios de comunicación e incluso aquí en la Fiscalía los comentarios que recibíamos eran que era una persona corrupta, capaz de lo peor".

Sin embargo, "después del juicio la gente no llega a entender cómo el fiscal después de toda la prueba practicada sigue acusando y solicitando penas tan elevadas".

"Incluso hasta los que siguen convencidos en su fuero interior de que Rosell pagó comisiones a Texeira han entendido que si aquella conducta no era delictiva lo que corresponde es una sentencia absolutoria", ha apostillado.

Andrés Maluenda ha alegado que no consta que Teixeira esté sometido a procedimiento judicial alguno por estos hechos en Brasil y ha añadido que se ha acreditado que la CBF es una entidad privada y que certificó que no resultó perjudicada sino beneficiada por los contratos investigados en este juicio.