Miguel Galán denuncia al TAD, Rienda y Lete por prevaricación
En 2018 pidió la destitución de los 16 presidentes de Territoriales que apoyaron por carta a Villar y ahora entiende que se han pasado el caso unos a otros sin querer resolverlo.
El presidente de la escuela de entrenadores CENAFE, Miguel Ángel Galán, vuelve a la carga. Este mismo lunes ha denunciado en los madrileños juzgados de Plaza de Castilla una presunta prevaricación administrativa de todos los miembros del Tribunal Administrativo del Deporte (Francisco De Miguel, Julián Espartero, Manuel Delgado, Koldo Irurzun, Cristina Pedrosa, María Lidia García, Jesús Avezuela y Rosario de Vicente), así como de la presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda, y de su antecesor en el cargo y en la secretaría de Estado para el Deporte, José Ramón Lete, tras denunciar en enero de 2018 que 16 presidentes de las Federaciones Territoriales habían violado la condición de imparcialidad en las últimas elecciones a la Federación Española al apoyar en una carta firmada a Villar. En el caso de Rienda, Galán también ha unido una denuncia por un supuesto delito de desobediencia.
El presidente del Consejo cuando Galán dio el paso era Lete. El CSD admitió esa denuncia en marzo y llegó a pedir al TAD que incoara expediente a los 16 presidentes denunciados por Galán, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avalaba al denunciante. Los presidentes afectados son Maximino Martínez (Asturias), José Ángel Peláez (Cantabria), Andreu Subies (Cataluña), Antonio García Gaona (Ceuta), Antonio Escribano (Castilla-La Mancha), Marcelino Maté (Castilla y León), Pedro Rocha (Extremadura), Jacinto Alonso (La Rioja), Diego Martínez (Melilla), José Miguel Monje (Murcia), Luis María Elustondo (País Vasco), Vicente Muñoz (Valencia), Miguel Bestard (Baleares), José Rafael del Amo (Navarra), Paco Díez (Madrid), Antonio Suárez (Canarias). Los tres presidentes que no están amenazados son Rafael Louzán (Galicia), Óscar Flé (Aragón y Eduardo Herrera (Andalucía). Larrea también quedó fuera.
Sin embargo, el TAD devolvió el caso al CSD. Hasta que Rienda, al poco tiempo de llegar al CSD, volvió a pedirle al tribunal que incoara ese expediente. Lo hizo a través de un comunicado oficial con fecha del 13 de febrero de 2019: “El Consejo Superior de Deportes ha vuelto a dirigirse al TAD reiterando lo indicado en la Resolución de fecha 31 de octubre de 2018, por medio de la cual se instaba a ese órgano para que, en su caso, acordara incoar el correspondiente expediente disciplinario a 16 presidentes de federaciones deportivas de ámbito autonómico". Este comunicado pareció tranquilizar a Galán, aunque dio un ultimátum porque no se fiaba de las instituciones: o antes del 24 de febrero había una resolución o pondría la denuncia contra todos los implicados. Dicho y hecho.
Galán tiene varias rencillas con los presidentes de las Territoriales. De ahí que busque sus destituciones. En primer lugar, porque entiende que mantiene con ellos en las diferentes Comunidades Autónomas la guerra que su centro de formación tiene con la RFEF a nivel nacional a cuenta de los cursos de entrenador (los de CENAFE son académicos y los de la Federación no) y de la Licencia UEFA que la RFEF le niega a sus alumnos. También, porque les pidió a todos, mediante un burofax, que se retractasen públicamente por esa supuesta vulneración de la imparcialidad por la que el CSD ya destituyó a Villar antes de que la justicia inhabilitara al expresidente por la 'Operación Soule' y le apartara de unas elecciones que finalmente ganó Rubiales a Larrea. Además, están enfrentados porque esos presidentes cargaban duramente contra él en la carta de la polémica, por lo que Galán ha pedido daño y perjuicios por atentar contra su honor. Y, sobre todo, mantienen un pulso porque aún no han retirado esa firma, pese a que el hecho de no incumplir las resoluciones del TAD pueden derivar en un expediente sancionador por inhabilitación en base a la Ley del Deporte de 1990.
En un primer momento la intención de Galán era poner una querella y no una denuncia, pero al final ha optado por esta última vía ya que le supone menos gastos. Al tratarse de administradores públicos ha buscado ahorrarse el abogado y el procurador. Su inversión en esta cruzada contra la RFEF, con querellas o denuncias en el Caso Haití, Caso Recre o el Caso Quinielas que siguen su curso con numerosos investigados, ya le han disparado los gastos, según él, a más de 100.000 euros.