Sepulcre y Anguix se cruzan las culpas por el descenso del Elche

Sepulcre, Rocamora, Anguix y Ramírez iniciaron este viernes las declaraciones del juicio que debe aclarar si el concurso de acreedores del Elche CF debe ser calificado como fortuito o culpable. Los interrogatorios se prolongaron durante nueve horas, con un receso de noventa minutos para comer y separar el turno de Sepulcre de los otros tres exdirigentes. Javier Vidal, Tomás Alvarado y Manuel Rocamora tendrán que esperar.

La comparecencia más larga fue la Sepulcre, que contestó tres horas y media a las preguntas de Fiscalía y abogados. El fiscal Francisco Marco cuestionó al expresidente por qué desoyó los requerimientos de embargo ordenados por Hacienda como apercibimientos a la decisión del descenso del 5 de junio de 2015. Sepulcre aseguró que no recurrió porque su intención “era pagar, aunque fuese tarde”. También le preguntó sobre el tercer impago y cómo y cuándo pretendía cubrirlo, si el control económico de la patronal de clubes estaba fijado para el 31 de marzo de ese año: “La Liga dio nos dio de fecha tope el 29 de mayo y contaba con tres fondos para adelantar los ingresos televisivos: Toro Finance, Kruger y Doyen. El problema es que no podía cerrarlo hasta asegurar la permanencia”. "Me marché para no ser un obstáculo ante la solución que presentó Anguix y que respaldó la alcaldesa Mercedes Alonso; lamento haberme ido a la vista de los hechos", afirmó.

Antonio Rocamora secundó la versión de Sepulcre ante las insistentes preguntas del fiscal y cerró su intervención, cuestionado por su abogado, explicando cómo se gestaron las garantías que presentó Anguix a la Agencia Tributaria: “Jerónimo Prado solicitó dos pagarés en blanco del Elche CF para llevárselos a Madrid y en un par de días aparecieron con un sello del banco suizo UBS". Después fueron abonados con el adelanto de los derechos televisivos de 3’5 millones de euros, hecho que cuestiona la validez de dichos documentos.

Por su parte, Anguix dijo no recordar ni qué notaria ni qué persona firmó esos pagarés y aseguró desconocer dónde está el famoso aval del UBS con el que prometió solucionar la deuda del Elche. Dijo que ese aval no se ejecutó porque estaba condicionado a una ampliación de capital que fue “un engaño” y que la cifra que necesita el Club “no era de cinco sino de 22 millones de euros”. La intervención más corta, y la más clara y contundente, fue la de Ramírez que recordó que nada tuvo que ver con el concurso y que su continuidad en el Patronato hasta 2014 se limitó a garantizar la recuperación de su deuda: “No sé por qué me implica el fiscal, pidiéndome 65 millones de euros y 15 años de inhabilitación, cuando dimití en 2011”. El 18 de mayo, continuará.