Ramírez comparecerá ante el juez: "No soy ningún prófugo"
"Si me están esperando, bien, y si no iré a su encuentro. No hay que ponerse un gorro y unas gafas para esconderse", dijo en 'El Larguero' de la Cadena Ser.
El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez, contra quien un juzgado canario ha dictado orden de búsqueda y captura, anunció hoy que se pondrá a disposición judicial en cuanto regrese a España desde Miami porque no es "ningún prófugo" y él no se esconde "de nadie y menos de la justicia".
"Si me están esperando, bien, y si no iré a su encuentro, sé que tengo una orden de búsqueda y captura y sé que lo que tengo que hacer es ponerme a disposición de la autoridad competente para que me lleve ante su señoría, aquí no hay que ponerse un gorro y unas gafas para esconderse", dijo al programa El Larguero de la Cadena Ser.
"Mis abogados -añadió- entendieron que no tenía que hacerlo (declarar en el juzgado) porque estaba recurrida la querella y el jueves se presentaron ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta, previsto para hoy, pero algo no habremos hecho bien porque su señoría no lo ha tomado bien y creyó oportuno poner una orden de búsqueda y captura".
Aseguró ser "muy respetuoso" con la justicia y justificó su ausencia del último partido de la UD Las Palmas, en el que se certificó su descenso a Segunda División, en que es un empresario que estaba trabajando "y no de vacaciones en Miami", a lo que añadió que espera acudir a los próximos dos partidos de su equipo
El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una orden de busca y captura contra Ramírez, de viaje de negocios en Miami, por no haberse presentado a una citación para declarar como investigado en un delito contra la Seguridad Social.
El procedimiento por el que ha sido citado investiga si Ramírez cometió un fraude a la Seguridad Social al pagar a sus trabajadores de su grupo de empresas de seguridad salarios por debajo de los estipulado en el convenio colectivo de la vigilancia y seguridad privada.
Se trata de una causa independiente de la iniciada en 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, donde se le acusa de haber eludido el pago de varios millones de euros a la Seguridad Social abonando de forma sistemática a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria las horas extraordinarias como si fueran dietas, que tributan menos.
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