Ramírez comparecerá ante el juez: "No soy ningún prófugo"

"Si me están esperando, bien, y si no iré a su encuentro. No hay que ponerse un gorro y unas gafas para esconderse", dijo en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Actualizado a 25 de abril de 2018 00:06 CEST

TONI RODRIGUEZDIARIO AS

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Angel Ramírez, contra quien un juzgado canario ha dictado orden de búsqueda y captura, anunció hoy que se pondrá a disposición judicial en cuanto regrese a España desde Miami porque no es "ningún prófugo" y él no se esconde "de nadie y menos de la justicia".

"Si me están esperando, bien, y si no iré a su encuentro, sé que tengo una orden de búsqueda y captura y sé que lo que tengo que hacer es ponerme a disposición de la autoridad competente para que me lleve ante su señoría, aquí no hay que ponerse un gorro y unas gafas para esconderse", dijo al programa El Larguero de la Cadena Ser.

"Mis abogados -añadió- entendieron que no tenía que hacerlo (declarar en el juzgado) porque estaba recurrida la querella y el jueves se presentaron ante el juez para enseñarle mi billete de vuelta, previsto para hoy, pero algo no habremos hecho bien porque su señoría no lo ha tomado bien y creyó oportuno poner una orden de búsqueda y captura".

Aseguró ser "muy respetuoso" con la justicia y justificó su ausencia del último partido de la UD Las Palmas, en el que se certificó su descenso a Segunda División, en que es un empresario que estaba trabajando "y no de vacaciones en Miami", a lo que añadió que espera acudir a los próximos dos partidos de su equipo

El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado una orden de busca y captura contra Ramírez, de viaje de negocios en Miami, por no haberse presentado a una citación para declarar como investigado en un delito contra la Seguridad Social.

El procedimiento por el que ha sido citado investiga si Ramírez cometió un fraude a la Seguridad Social al pagar a sus trabajadores de su grupo de empresas de seguridad salarios por debajo de los estipulado en el convenio colectivo de la vigilancia y seguridad privada.

Se trata de una causa independiente de la iniciada en 2014 por el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, donde se le acusa de haber eludido el pago de varios millones de euros a la Seguridad Social abonando de forma sistemática a los vigilantes de Seguridad Integral Canaria las horas extraordinarias como si fueran dietas, que tributan menos.