La Policía Federal de Brasil puso en marcha este lunes en la ciudad de Salvador (nordeste) una operación contra exfuncionarios públicos y empresarios acusados de irregularidades en la construcción y la gestión del Arena Fuente Nova, uno de los estadios del Mundial de fútbol de 2014. Una de las residencias en que se hicieron registros en el marco de la operación "Tarjeta Roja" fue la del exgobernador del estado de Bahía, Jaques Warner, a quien la Policía Federal acusa de haber recibido un soborno de 82 millones de reales (unos 25,6 millones de dólares) de los responsables de los desvíos. Wagner es dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), el mismo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien fue condenado a doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, sentencia que, según el exmandatario, es resultado de una persecución política contra él. El PT consideró el registro de la residencia del exgobernador como una "invasión" y señaló que ese es "otro episodio de la campaña de persecución contra el Partido de los Trabajadores y sus principales líderes". En el desarrollo del operativo, las autoridades también cumplieron mandatos de registro en las residencias de Bruno Dauster, jefe de la Casa Civil de Bahía -estado del que Salvador es capital- y del empresario Carlos Daltro, amigo de Wagner. Estos mandatos tienen por objetivo encontrar pruebas complementarias relacionadas con supuestas irregularidades presentadas en las contrataciones con la demolición, reconstrucción y gestión del estadio Arena Fuente Nova de Bahía. Entre las inconsistencias investigadas se encuentran el fraude a la licitación, la desviación de dineros públicos, la corrupción y el lavado de dinero, que terminaron beneficiando a las empresas Odebretch y OAS, que formaban el consorcio que se adjudicó la construcción del estadio. Según datos suministrados por la Policía Federal, la obra fue sobrefacturada por un valor de unos 450 millones de reales (unos 140,6 millones de dólares), gran parte de los cuales fue utilizado para el pago de sobornos y para la financiación ilegal de campañas electorales. La mayoría de los contratos para la construcción de los doce estadios que Brasil utilizó en el Mundial de fútbol de 2014 está bajo sospecha o investigación judicial. Dirigentes de las constructoras Odebrecht y Andrade Gutierrez que aceptaron colaborar con la Justicia en las investigaciones sobre corruptelas admitieron que la mitad de los doce estadios construidos o reformados para el Mundial tuvo sobrecostes intencionados para desviar dinero. Por este tipo de irregularidades hace dos semanas la Justicia brasileña ordenó al club de fútbol Corinthians, a la constructora Odebrecht, la empresa Arena Itaquera y al expresidente del banco estatal Caixa Económica a devolver 400 millones de reales (unos 124,1 millones de dólares) a esta última entidad financiera. Otros estadios bajo sospecha son el Arena las Dunas de Natal, el Mané Garrincha de Brasilia, el Maracaná de Río de Janeiro, el Arena Pernambuco de Recife, el Arena Castelao de Fortaleza y el Arena da Amazonas de Manaos. La denuncia más grave es la que se refiere al estadio Nacional Mané Garrincha, el más caro de los doce, que tuvo un costo final de 1.400 millones de reales (437,5 4 millones de dólares), valor un 87,8 % superior al previsto inicialmente.